Bajo los lineamientos estratégicos trazados por el Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa Delgado, para impactar grupos delincuenciales organizados que atentan contra la seguridad ciudadana, la Seccional Norte de Santander judicializó a una pareja por su presunta responsabilidad por el delito de tráfico fabricación y porte de armas de fuego, municiones y/o accesorios. Los procesados no aceptaron los cargos.
Las capturas en flagrancia de Isidro Lizcano Moncada, de 46 años; y de María Elena Castillo García, de 44 años, fueron efectuadas por la Policía Metropolitana mediante una diligencia de registro y allanamiento a una residencia este 14 de enero.
De acuerdo con la investigación adelantada por la Fiscalía, los procesados presuntamente se dedicaban a la comercialización de armas de fuego, con destino a grupos al margen de la ley para la comisión de hurtos, atracos, entre otras acciones delictivas en Zulia zona metropolitana de Cúcuta (Norte de Santander).
En el procedimiento se incautó el siguiente material:
- Dos escopetas artesanales.
- Un cartucho calibre 16 mm.
- Una pistola de fogueo calibre 9 mm y cuatro cartuchos para la misma.
- Un revolver marca Smith – Wesson, calibre 38 mm.
- 10 cartuchos calibre 38 mm.
- Dos equipos celulares.
- $ 2’000.000.
La mujer cumplirá la medida en la cárcel judicial de esta ciudad y Lizcano Moncada, el juez le concedió detención domiciliaria por problemas de salud.
La Fiscalía hace pública esta información por razones de interés general.
MPHA/JWCP/ MG
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
