En contra de Liliana Duque Delgado, exesposa del dirigente camionero, fue dictada detención preventiva domiciliaria debido a su estado de salud.

El juez 31 penal municipal con funciones de control de garantías aseguró a cuatro familiares del dirigente transportador, Pedro Antonio Aguilar, dentro de la investigación que adelanta la Fiscalía General de la Nación, por los delitos derivados del proceso fraudulento de la chatarrización de vehículos de carga.

El servidor judicial dictó medida de aseguramiento consistente en detención preventiva en establecimiento carcelario en contra de María Alejandra Aguilar Duque, hija de Aguilar; su yerno Felipe Lloreda Cucalón; y su hermano Luis Eduardo Aguilar Rodríguez.

En contra de la exesposa de Aguilar, Liliana Duque Delgado, madre de María Alejandra Aguilar, el juez dictó medida de aseguramiento con detención preventiva en lugar de residencia, debido a su delicado estado de salud.

Durante las audiencias concentradas, el juez avaló la imputación de cargos que hizo el ente investigador en contra de estas personas, por los delitos de lavado de activos en concurso con enriquecimiento ilícito. 

Según las investigaciones de la Fiscalía Especializada, los procesados estarían presuntamente vinculados con una compleja red ilegal para la adquisición de bienes y la conformación de empresas de papel.

De acuerdo con el material probatorio, recolectado desde 2016, a raíz del testimonio de una fuente humana y la entrega de pruebas documentales, Pedro Aguilar se habría quedado con una millonaria suma de dinero derivada de los cobros ilegales al Estado por la supuesta chatarrización de 12.500 camiones de carga, vehículos que, según las evidencias, nunca fueron destruidos. 

En las próximas horas, María Alejandra Aguilar será trasladada al pabellón de mujeres de la cárcel de Jamundí, sur del Valle del Cauca, mientras que su esposo Felipe Cucalón, y su tío, Luis Eduardo Aguilar, serán trasladados a la cárcel de Villahermosa.

En caso de ser hallados responsables podrían afrontar condenas de entre 10 y 30 años de prisión.