Wilber Orobio Bonilla fue privado de la libertad en centro carcelario por el juez segundo penal de Buenaventura (Valle del Cauca), como presunto responsable del delito de fabricación, tráfico y porte de estupefacientes agravado.
El hombre fue capturado en el interior de una vivienda de dos pisos, ubicada en el barrio Kennedy de ese puerto sobre el Pacífico, por servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), con apoyo de unidades de la Sijín, el Grupo de Operaciones Especiales (Goes) de la Policía, y la Armada Nacional.
Una fuente humana indicó que, en varias viviendas del sector, una banda delincuencial guardaba armas de fuego de corto y largo alcance.
Una vez llegaron las autoridades al inmueble para realizar un registro, Wilber Osorio supuestamente ingresó por la puerta de atrás, se dirigió al segundo piso y se encerró con llave en una habitación. Luego, habría empezado a arrojar paquetes a los techos de las casas vecinas y a un lote baldío, aledaño a vivienda.
Los uniformados retuvieron al hombre y recogieron 37 paquetes que contenían una sustancia a la que se le practicó la Prueba de Identificación Preliminar Homologada (Piph), arrojando positivo para cocaína, con un peso neto de 37 kilos del alcaloide.
Orobio Bonilla no se allanó a los cargos imputados por el ente investigador.
Estos resultados responden a la estrategia investigativa para contrarrestar los fenómenos delictivos que afectan la seguridad ciudadana, desarrollada bajo el Direccionamiento Estratégico trazado por el Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa Delgado.
JGPV/ FV / DLBM
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
