El procesado, a través de un oficio, expresó su voluntad de aceptar los cargos para recibir sentencia de manera anticipada.
La Fiscalía General de la Nación radicó escrito de acusación contra el exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), Olmedo de Jesús López Martínez, como presunto responsable de los delitos de concierto para delinquir agravado y peculado por apropiación agravado.
Los hechos que se le atribuyen están relacionados con su participación en el entramado de corrupción que direccionó la contratación en la entidad.
Los elementos materiales probatorios indican que, en ejercicio de su cargo y como ordenador del gasto, inicialmente favoreció a un contratista específico con la orden de proveeduría 192 de 2023, que ascendió en valor a 48.600 millones de pesos y tenía por objeto el suministro de 40 carrotanques para llevar agua potable a comunidades indígenas de La Guajira.
Por esta intervención ilegal habría recibido una dádiva de 724 millones de pesos y permitió que terceros se apoderaran de 13.340 millones.
Adicionalmente, es señalado de orientar de manera indebida la orden de proveeduría 185 de agosto de 2023, en beneficio de una corporación mixta indígena para adquirir 40 carrotanques pequeños por un costo superior a los 29.000 millones de pesos. En este negocio jurídico se habría presentado una apropiación de recursos por parte del contratista de 11.114 millones de pesos.
Olmedo de Jesús López Martínez, previo a la radicación del escrito de acusación y a través de su abogado, manifestó de manera escrita su voluntad de aceptar los cargos y someterse a sentencia anticipada.
LAGP/JARG/GFSV/UFDCSJ.
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
