La Fiscalía General de la Nación, a través de la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos; y en trabajo articulado con la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa) y la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), identificó a siete personas que estarían involucradas en el blanqueo de capitales por, al menos, 58 mil millones de pesos.
Se trata de Rafael Arturo Solórzano Castillo, Rafael Arturo Solórzano Sánchez, Mauricio Ulloa Ramírez, Michael Steven Villegas Valencia, Mateo Martínez Rojas, Cielo Yanneth Gutiérrez Pardo y Sonia Valencia Salcedo, varios de ellos integrantes de una misma familia.
Los dineros, presuntamente, ingresaron a Colombia entre 2015 y 2019, a través de una operación sistemática de lavado. Los supuestos implicados habrían viajado en varias oportunidades a México, Perú, Chile, Estados Unidos, España y Panamá ingresando al país millonarias sumas de dinero representadas en dólares y euros, entre otras monedas.
Labores de policía judicial demostraron que los viajeros no tenían la capacidad económica ni el apalancamiento financiero para soportar los valores que registraban en cada traslado. Algunos cumplían oficios como electricistas, conductores de vehículos de servicio público, ingenieros de sistemas o comerciantes de motocicletas, entre otras actividades que no les permitían tener un flujo alto de recursos.
La Fiscalía imputó a los siete implicados los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito de particulares. Por disposición de un juez de control de garantías los procesados deberán cumplir medida privativa de la libertad en el lugar de residencia.
La Fiscalía publica esta información por razones de interés general.
La Fiscalía habla con resultados.
MAGA/JARG/CEV
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
