La Fiscalía tiene elementos que los vincularían con el cobro de extorsiones a comerciantes y propietarios de minas y fincas.
La Fiscalía General de la Nación presentará ante un juez de control de garantías a cuatro presuntos integrantes del grupo residual estructura – 33, que estarían implicados en el secuestro de 22 trabajadores de la mina La Bonanza, ubicada en Santiago (Norte de Santander), en hechos ocurridos el pasado 4 de marzo.
Estas personas fueron capturadas gracias a la rápida reacción de unidades del Gaula Militar Norte de Santander y del Batallón de Fuerzas Especiales Urbanas del Ejército Nacional. En el procedimiento se logró la liberación de los 22 mineros, por quienes exigían $40’000.000. Asimismo, se incautaron cuatro pistolas, proveedores, munición calibre 9 mm, armas cortopunzantes, celulares y una agenda con información de valor para las investigaciones.
Los elementos de prueba dan cuenta de que la organización disidente habría realizado exigencias económicas y amenazas a comerciantes, y a los propietarios de fincas y minas ubicadas en Santiago, Sardinata y El Zulia (Norte Santander).
Un fiscal de la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de Norte de Santander imputará a los detenidos los delitos de extorsión, secuestro extorsivo, concierto para delinquir agravado, y fabricación tráfico porte de armas de fuego y municiones de uso restringido de las Fuerzas Armadas o explosivos. Entre los indiciados está alias Rafa, señalado cabecilla armado del grupo residual.
Las acciones judiciales contra la criminalidad organizada fueron definidas como prioridad por el Fiscal General de la Nación. Francisco Barbosa Delgado, en el Direccionamiento Estratégico 2020 – 2024.
La Fiscalía publica esta información por razones de interés general.
MAGA/JARG/JWCP/MCRC
La Fiscalía habla con resultados
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
