Las investigaciones dan cuenta de que la información era obtenida de computadores robados en centros médicos de Cundinamarca.

Los elementos de prueba obtenidos por la Fiscalía General de la Nación en varios hurtos ocurridos en municipios de Cundinamarca, permitieron identificar a una red delincuencial que, supuestamente, robaba computadores de los centros médicos del departamento.

De acuerdo con la investigación, la información obtenida y que correspondía a aspectos personales de los usuarios del sistema de salud, al parecer, era usada para identificar víctimas de extorsión y otros delitos.

Cinco de los presuntos integrantes de esta organización fueron capturados en flagrancia por unidades la Policía Nacional, en momentos en los que escapaban con varios equipos que habrían robado de un centro médico ubicado en La Mesa (Cundinamarca).

Un fiscal Seccional Cundinamarca imputó a los detenidos los delitos de: hurto calificado y agravado, en concurso heterogéneo y sucesivo con concierto para delinquir. Los procesados no aceptaron los cargos, y por disposición del juez de control de garantías deberán cumplir medida de aseguramiento en cárcel.

Los asegurados son: David Leonardo Castaño Nova, Juliette Natalia Camelo Arévalo, Luz Dary Garzón, Porfirio Basabe Méndez y Wilson Saavedra Sánchez. Estas personas estarían involucradas en 12 eventos, en los que fueron extraídos computadores en Girardot, Viotá, Tocaima, Mosquera y Facatativá (Cundinamarca).

Este resultado responde a la priorización de los delitos que afectan la seguridad ciudadana, definida por el Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa Delgado, en su Direccionamiento Estratégico 2020 – 2024.

La Fiscalía habla con resultados

CMRM/JARG/

La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.