Un juez con funciones de control de garantías de Belén de Umbría (Risaralda) impuso medida de aseguramiento en centro carcelario contra un hombre a quien la Fiscalía imputó como presunto responsable del feminicidio de su esposa, una menor de 16 años de edad, quien estaba en embarazo.
En menos de 36 horas la Seccional Risaralda, con el apoyo de la Policía de Risaralda, obtuvo los elementos de prueba necesarios que evidenciaron cómo el hoy imputado, al parecer, fue quien le habría ocasionado la muerte a la joven, perteneciente a la etnia Embera Chamí.
Los hechos ocurrieron la noche del 23 de febrero pasado en la vereda El Naranjo de Mistrató (Risaralda), lugar donde vivía la pareja.
Labores de policía judicial evidenciaron que la víctima fue impacta por un proyectil de arma de fuego en la espalda; el cual, presuntamente, fue disparado por su pareja sentimental. La víctima, mal herida fue trasladada a un puesto de salud a donde llegó sin signos vitales.
En las audiencias concentradas, la Fiscalía imputó al implicado como presunto responsable de los delitos de feminicidio agravado y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, cargos que no fueron aceptados.
Las acciones de la Fiscalía se dan en el marco del Direccionamiento Estratégico 2020 – 2024, liderado por el Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa Delgado, para quien es prioridad esclarecer los delitos que afectan a niños, niñas y adolescentes; y judicializar los casos relacionados con violencia de género.
El ente investigador publica esta información por razones de interés general.
La Fiscalía habla con resultados.
CLCG/MAGA/MCHA/MCRC/
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
