Por solicitud de un fiscal de la Seccional Vichada, un juez de control de garantías impuso medidas de aseguramiento privativas de la libertad contra cuatro personas, a quienes el ente investigador imputó por delitos como: tráfico de niños, niñas y adolescentes agravado; y acceso carnal abusivo con menor de 14 años agravado en concurso heterogéneo sucesivo, según sus responsabilidades individuales.

Se trata de tres familiares de la víctima: el papá, de 50 años; la mamá y la tía; además de un hombre, de 66 años, a quienes los indígenas denominan como “colono”, por ser foráneo. Los cuatro se habrían puesto de acuerdo para intercambiar a una menor perteneciente a la etnia Sikuani de la comunidad La Morenita, en jurisdicción de Cumaribo (Vichada).

Los hechos ocurrieron en mayo de 2017 en Cumaribo (Vichada), y fueron puestos en conocimiento de la Fiscalía en 2019 por funcionarios de la comisaría de familia de la región.

La investigación permitió establecer que los padres de la víctima habrían entregado a su hija de 12 años de edad, para la época de los hechos, a un colono quien en cambio les dio a los padres una atarraya, una hamaca, un chinchorro y otros objetos. La entrega de la menor habría sido realizada por la tía.

El material de prueba recaudado permitió establecer que, tras recibir a la menor, el colono convivió con la menor por un año, tiempo durante el cual sostuvo con ella relaciones sexuales.

Los procedimientos de captura de los procesados estuvieron a cargo de la Policía de Infancia y Adolescencia en Cumaribo (Vichada) cuando los implicados salieron de la comunidad indígena. En el caso del colono, su detención se produjo cuando regresó a la zona en la que se presentaron los hechos.

Durante las audiencias concentradas, que contaron con el acompañamiento de un defensor de familia y un traductor de asuntos indígenas, el juez decidió enviar a establecimiento carcelario a los padres de la menor; lo mismo que al colono. La tía recibió detención domiciliaria por encontrarse en último periodo de gestación.

Desde que se tuvo conocimiento de los hechos la víctima fue puesta bajo el cuidado del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) en Puerto Carreño (Vichada) para el restablecimiento de sus derechos.

Ninguno de los procesados aceptó su responsabilidad en los cargos imputados.

La Fiscalía habla con resultados

 

PYMP/MAGA/DGEF/MCRC

La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.