La siguiente es la versión de las declaraciones del Fiscal General Mario Iguarán Arana, acerca del decreto reglamentario de Justicia y Paz.

Periodista: ¿Para el Fiscal General a partir de qué momento comenzó a tener vigencia la Ley de Justicia y Paz?.

Fiscal General: La ley entró a regir desde julio de 2005, desde el momento en que se expidió.

P: ¿Es decir a partir de ese momento se puede alegar la favorabilidad para las personas que se acojan a ella?

F: El tema de la aplicación de la Ley depende de lo que señale tanto la Ley como la propia Corte Constitucional. Por eso de lo que se trata es darle una lectura a lo señalado por ella, para que las autoridades en su momento tomen las decisiones del caso.

P: ¿Qué reparo le hizo la Fiscalía al decreto reglamentario?

F: La Fiscalía en el proceso de formación del decreto reglamentario realizó sus observaciones, orientaciones y anotaciones, no sólo porque la Fiscalía es parte esencial en la aplicación de la Ley sino porque de manera comedida y oficial el Gobierno se lo ha permitido.

Han sido consideraciones más de carácter procesal. Por ejemplo, el borrador del proyecto señalaba que deberían acumularse materialmente hablando todos los procesos, es decir que el expediente en sí debería llevarse a la Unidad de Justicia y Paz.

Consideramos por razones de tipo práctico que lo que debe llevarse a la Unidad de Justicia y Paz para acumular en los procesos que llevamos en la Unidad son las piezas procesales correspondientes.

Respecto a los condenados como la Ley permite que se puedan someter a Justicia y Paz, en uno de los borradores se pensó que los condenados se dirigiesen directamente a la Fiscalía. Pero la Fiscalía consideró que lo pertinente es que la lista de los condenados que quieran someterse a Justicia y Paz sea enviada por el Gobierno, y que sea el mismo Gobierno el que certifique si hay una desmovilización o no.

P: ¿Esto le daría una mala imagen a la Fiscalía en el sentido de que le llega una lista de 3.000 personas de las que tendría que dejar en libertad a 1.500?

F: Lo importante de todo esto es que el Gobierno le ha permitido a la Fiscalía hacer sus consideraciones y sus observaciones en una mesa de trabajo profunda y seria. Esto se da porque la Fiscalía es parte esencial y además el Gobierno le ha permitido a la Fiscalía hacer sus observaciones.

P: ¿En cuanto a las penas la Fiscalía tuvo algún reparo?

F: La Fiscalía no puede hacer esas consideraciones porque eso fue una decisión del propio legislador, que se ideó la Ley 975 y fue respaldado por la propia Corte Constitucional.

P: Parecería que existe un especial interés de un gobierno extranjero, concretamente de Estados Unidos, en este tema de las penas y condenas a los paramiliares. ¿La Fiscalia lo ha sentido así?

F: Aquí hay que destacar que, respetando la soberanía de Colombia, la comunidad internacional desde el mismo comienzo del proceso de formación de la Ley ha hecho sus aportes, nos ha dado a conocer sus ideas y sus experiencias para en últimas salir a respaldar este proceso.

P: ¿No lo considera una injerencia?

F: No. Hay que reconocer que tanto la comunidad internacional como la nacional han mostrado ideas para sacar el mejor instrumento jurídico-político en aras de lograr la reconciliación.

P: ¿En algún momento la Fiscalía ha estado en desacuerdo con algunos de los puntos del proyecto?

F: Insisto. Por invitación del propio Gobierno, la Fiscalía siempre ha hecho sus consideraciones y todas ellas han sido de carácter procesal y resalto que todas ellas han sido acogidas.

P: ¿Hay seguridad jurídica en ese trabajo mancomunado que han hecho ustedes con el Gobierno?

F: Sí. Todo este esfuerzo de legislación y reglamentación está creando unas condiciones jurídicas y al crearlas uno sabe a qué atenerse. En ese orden de ideas podemos hablar de seguridad jurídica.

P:¿Hay alguna preocupación debido a que los paramilitares han manifestado que creen más en la jurisdicción ordinaria que en Justicia y Paz?

F: Lo que hay que destacar es que ésta es una justicia particular, de transición, que procura ese equilibrio entre justicia y paz.

P: Los paramilitares expresaron que prefieren acogerse a la jurisdicción ordinaria que a la Ley de Justicia y Paz, porque les da más beneficios ¿Sí les da más beneficios la jurisdicción ordinaria?

F: En la jurisdicción ordinaria pueden gozar de todos los mecanismos que tiene cualquier sindicado o procesado. Lo que interesa es que hoy la Fiscalía tiene como una locomotora la jurisdicción ordinaria.

Nosotros tenemos unas estadísticas que nos permiten salir a mostrar un desarrollo de investigaciones donde están implicadas personas que seguramente más adelante podrían estar en las listas de Justicia y Paz.