Por otro hecho de maltrato animal también fue sentenciada una persona que tenía en pésimas condiciones de cuidado a una canina.

En atención a las pruebas presentadas por fiscales del Grupo Especial para la Lucha contra el Maltrato Animal (Gelma), jueces de conocimiento emitieron un sentido de fallo condenatorio y una condena contra dos hombres que generaron graves afectaciones a sus animales de compañía en Antioquia.

Agresión a ‘Thor’

El 15 de marzo de 2023, en la vereda Alto de la Virgen, en Copacabana (Antioquia), Javier Eusebio Betancur Alzate golpeó a un perro de nombre ‘Thor’, ocasionándole la pérdida de un ojo.

En el curso de la investigación se constató que el hombre llegó a su lugar de residencia y atacó al animal porque le ladró insistentemente. Se estableció que lo trató de ahorcar con una cadena y lo lesionó con un objeto contundente en varias partes del cuerpo. El ataque generó daños irreparables en uno de los ojos de ‘Thor’.

Por estos hechos, Betancur Alzate fue declarado responsable del delito de maltrato animal. En los próximos días se conocerá la condena en su contra.

Sentenciado agresor de ‘La Negra’

En una diligencia de verificación realizada el 30 de agosto de 2022, en una vivienda del barrio Las Brisas, en La Estrella (Antioquia), las autoridades ambientales constataron que una canina criolla llamada ‘La Negra’ se encontraba en deplorable estado físico, sin agua, ni comida y encerrada en el inmueble. En ese sentido, se realizó un procedimiento de aprehensión para poner a salvo al animal y garantizar su rehabilitación.

Por estos hechos, Carlos Alberto Arango Mejía, el propietario de ‘La Negra’, fue condenado a un año de prisión por el delito de maltrato animal.

LYBT/JARG/JMT

 

 

 

La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.