Por petición de un fiscal de la Dirección Nacional Especializada contra la Corrupción, el Juzgado Tercero Penal del Circuito de la ciudad de Cartagena (Bolívar) impuso una pena de 5 años de prisión y multa de 64 salarios mínimos legales mensuales vigentes, en contra del exrector de la Universidad de Cartagena, Sergio Manuel Hernández Gamarra.
La misma sentencia cobijó a Amparo Álvarez de Franco, exgerente del Fondo de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana Distrital de Cartagena (Corvivienda) y a Edgar de Jesús Mateus Hernández, exdirector del Establecimiento Público Ambiental (EPA); quienes fueron llamados a juicio por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales en concurso homogéneo y sucesivo.
Los antes mencionados, contrataron con la Universidad de Cartagena varias obras civiles y la construcción de casas de interés social por la suma de $4 200 000 000 a través de convenios interadministrativos celebrados en el 2004, en los cuales se determinó la existencia de irregularidades de tipo sustancial al celebrar estos contratos.
A los procesados se les negó el beneficio de la suspensión condicional de la ejecución de la pena y se les concedió la prisión domiciliaria.
