Kevin David Largo Trochez habría participado en la activación de un campo minado que dejó tres militares muertos y cuatro más heridos en zona rural de Dagua (Valle del Cauca).
La Fiscalía General de la Nación, a través de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales, logró la judicialización de Kevin David Largo Trochez, un señalado cabecilla de la estructura Jaime Martínez de las disidencias de las Farc, que estaría implicado en secuestros, ataques con explosivos y otros actos violentos contra la fuerza pública en Dagua (Valle del Cauca).
Los elementos de prueba indican que sería el responsable de la retención del soldado bachiller Sebastián Quiñónez Echavarría, quien posteriormente fue asesinado por integrantes del grupo armado ilegal, el 23 de agosto de 2021.
Asimismo, habría participado en la activación de un campo minado en la vereda Río Blanco, que dejó tres militares muertos y cuatro más heridos, el 24 de septiembre de 2021; el secuestro de cinco personas, entre ellas un patrullero de la Policía Nacional, en un retén ilegal instalado en zona rural de Dagua, el 10 de abril de 2022; la retención de una mujer, que fue encontrada muerta y con signos de tortura, el 18 de junio de 2022; las amenazas a una familia que tuvo que abandonar el predio en el vivían, el 21 de junio de 2022; y la incineración de dos camiones de una empresas de empaques de papel, el 16 de febrero del año en curso.
Por todo lo anterior, Largo Trochez fue imputado por los delitos de concierto para delinquir agravado, secuestro agravado y desplazamiento forzado; y recibió medida de aseguramiento en centro carcelario.
Esta información se publica por razones de interés general.
JMSV/JARG/MO/DECOC
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
