Javier Cabezas Castro y Anyelo Estanford Rosales fueron cobijados con medida de aseguramiento por un juez penal promiscuo del municipio de Francisco Pizarro (Nariño), consistente en detención preventiva en establecimiento carcelario.
Asimismo, el servidor dictó medida de aseguramiento en lugar de residencia contra Zulma Maribel Cabeza Marquínez.
Un fiscal de la Estructura de Apoyo, EDA, les imputó cargos a la mujer y a los dos hombres como presuntos coautores de los delitos de fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones, hurto calificado y agravado, falsedad personal y receptación, los cuales no fueron aceptados por el procesado.
Los imputados fueron detenidos en el barrio Ciudadela, por agentes de una patrulla motorizada, que atendieron una llamada de auxilio, por parte de un ciudadano, quien aseguró que dos hombres, en una motocicleta, presuntamente, los habían asaltado junto con su novia y los despojaron de sus pertenencias.
Los uniformados activaron el plan candado y se inició una persecución interceptando a los dos motociclistas a la altura del barrio Unión Victoria.
El parrillero se bajó de la motocicleta y entregó los elementos hurtados a una mujer que estaba en la puerta de una vivienda quien pretendió ingresar al inmueble pero fue capturada en flagrancia.
Una vez interceptados los dos hombres, desenfundaron dos armas cortopunzantes e intentaron resistirse a la diligencia de captura, tratando de agredir a los policías, siendo desarmados por los uniformados que apoyaron el operativo de captura.
Esta información se publica por razones de interés general.
La Fiscalía habla con resultados.
JGP/LYBT/CA/DSN
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
