El procesado haría parte de este grupo armado desde 2018, y ejerciendo el rol de sicario.
La acción investigativa de la Fiscalía General de la Nación, permitió presentar ante un juez de control de garantías a Carlos Alberto Usuga Borja, alias Sebastián, por su presunta participación en el crimen del firmante de paz y escolta de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Juan Diego García Sucerquia, ocurrido el 26 de septiembre de 2023, en zona rural de Dabeiba (Antioquia).
El día de los hechos, la víctima se disponía a recibir el turno de servicio de su protegido. En ese momento, dos hombres que se movilizaban en una motocicleta lo habrían abordado e intimidado con fusiles.
En ese momento, el hombre de protección intentó defenderse del ataque; sin embargo, aparecieron, dos hombres más y le propinaron varios impactos con arma de fuego en el tórax y la espalda, causándole la muerte. Los señalados atacantes le hurtaron su arma de dotación.
La investigación permitió identificar a alias Sebastián como uno de los hombres que, al parecer, perpetró la acción armada.
De acuerdo con el material de prueba, Usuga Borja haría parte de la subestructura Edwin Román Velázquez Valle del Clan del Golfo desde 2018, cumpliendo el rol de sicario.
Por estos hechos, un fiscal de la Unidad Especial de Investigación (UEI) le imputó los delitos de homicidio, concierto para delinquir, hurto calificado; y fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido, de uso privativo de las Fuerzas Armadas o explosivos, todas las conductas agravadas.
El procesado no aceptó cargos y deberá cumplir medida de aseguramiento en establecimiento carcelario.
AMCJ/GALA/AAB/UEI/
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
