La organización ilegal, al parecer, coordinaba la salida de los cargamentos de cocaína en veleros y contenedores.
Labores investigativas realizadas por la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio permitieron identificar 50 bienes, que pertenecerían a un grupo de colombianos señalados de sacar del país cargamentos de clorhidrato de cocaína con destino a Europa.
Las propiedades, avaluadas en más 74.000 millones de pesos, fueron afectadas con medias cautelares de suspensión del poder dispositivo, embargo, secuestro y toma de posesión. Se trata de muebles, inmuebles, sociedades y establecimientos de comercio ubicados en Envigado, Guarne, Sabaneta, San Jerónimo, Medellín y Rionegro (Antioquia); Los Patios y Cúcuta (Norte de Santander); La Victoria y Cartago (Valle del Cauca); y Pereira (Risaralda).
Los bienes afectados habrían sido adquiridos con dineros producto de un andamiaje ilegal en el que, desde Cúcuta, se coordinaba el transporte de estupefacientes a las costas del Caribe para camuflarlos en veleros y contenedores que salían, principalmente, a las Islas Canarias en España.
Esta actividad criminal, al parecer, se realizó entre 2002 y 2009. Durante este tiempo los señalados integrantes de la organización narcotraficante, supuestamente, pusieron las propiedades a nombre de familiares y amigos de confianza para intentar evitar que fueran detectadas.
Los bienes quedaron a disposición de la Sociedad de Activos Especiales (SAE).
Esta información se publica por razones de interés general.
MAGA/JARG/VBO/LPDS/MRC
La Fiscalía habla con resultados.
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
