Alumno debe responder por amenazas.

Desde noviembre del 2016 un profesor de un colegio distrital venía siendo víctima de extorsión y amenazas por parte de alguien que lo llamaba desde diferentes abonados telefónicos. Según el denunciante las intimidaciones eran concretas, si no le pagaba 15 millones de pesos podrían correr peligro su esposa, su pequeña hija y él.

En las llamadas al Director Académico del colegio le decían que conocían las rutinas de su familia como: el colegio donde estudiaba la menor, la universidad donde su esposa había terminado los estudios, el lugar de residencia y su sitio de trabajo. Asimismo, le decía que si no le pagaba el dinero exigido contrataría a un sicario para atentar contra la vida de su pareja e hija de siete años.

De acuerdo con la investigación, en la última llamada realizada por el agresor se daba un tiempo límite de 15 días para el pago de la extorsión. El dinero debía ir en el interior de un sobre de manila con un código dictado por el mismo extorsionista y le decía que estuviera pendiente a las llamadas, si no contestaba el teléfono, era un día menos de plazo para el pago. Ante esta situación el afectado tomó la decisión de informar a las autoridades aportando los audios de las conversaciones telefónicas. El 10 de enero último, el docente presentó su denuncia y de inmediato servidores del Grupo Gaula Seccional Bogotá iniciaron la investigación.

Cuando se cumplía la cita entre la víctima y el extorsionista en una cadena de comidas rápidas en el sector de Galerías, el victimario le entregó al profesor un cordón con un paquete que debía colocarse en el cuello y que supuestamente era un explosivo.  En ese momento se produjo la aprehensión de quien hacía la exigencia económica que resultó ser un alumno del profesor denunciante.

Después de verificaciones del grupo Gaula se pudo establecer que lo que se creía era un explosivo, realmente era un equipo celular descontinuado del mercado.

El Fiscal del caso solicitó las audiencias concentradas que se llevaron a cabo ante el Juzgado 2 Penal para Adolescentes con funciones de control de garantías, quien declaró legal la captura. En la formulación de imputación el menor de 16 años aceptó cargos por el delito de extorsión con circunstancias de agravación y el juez le impuso medida internamiento preventivo por cuatro meses.

 

 

MRC/DLBM