Luego de aceptar las evidencias y el material probatorio presentado por un fiscal seccional, el Juez Segundo Penal de este municipio nariñense privó de la libertad a Leidy Johana Marquínez Merchancano, dictando en su contra medida de aseguramiento restrictiva de la libertad.

El ente investigador le imputó cargos por su presunta responsabilidad en los delitos de concierto para delinquir y fabricación, tráfico, y porte de estupefacientes, cargos a los que no se allanó durante las audiencias concentradas.

Marquínez Merchancano fue detenida el pasado 11 de enero, luego que agentes de la Sijin de la Policía la abordaran en vía pública para verificar su identidad. La mujer no presentó ningún documento de identidad, por lo que fue necesario trasladarla a la Estación de Policía, logrando establecer su identificación.

Los uniformados confirmaron también que, contra la asegurada, había sido emitida una orden de captura vigente por concierto para delinquir y porte de estupefacientes.

De acuerdo con las investigaciones, Leidy Marquínez haría parte de la banda Los del Morro, dedicada a la venta y distribución de marihuana y bazuco, en Tumaco, organización delincuencial de la que cuatro de sus integrantes ya se encuentran en la cárcel.

Una fuente humana informó a la Fiscalía que, desde enero de 2021, la mujer era la última integrante de la estructura delictiva que, presuntamente, se encontraba al frente de las actividades de microtráfico en este puerto de Nariño.

El juez le dictó medida de aseguramiento en su lugar de residencia.

Esta información se publica por razones de interés general.

La Fiscalía habla con resultados

JGPV/LV/FAGH

La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.