Tras avalar los argumentos de la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de garantías de Cúcuta (Norte de Santander) impuso mediada de aseguramiento consistente en detención en establecimiento carcelario en contra de Manuel Fernando Ortega Carrero, alias Manuelito, investigado por un homicidio ocurrido el 23 de junio de 2023.

Las indagaciones adelantadas por el CTI y la Sijin establecieron que el procesado habría llegado en motocicleta hasta el barrio Circunvalación de la Comuna 10 de Cúcuta (Norte de Santander), donde se encontraban reunidos dos hombres, a quienes les dispara ocasionándole la muerte a uno de ellos y heridas al otro.

Alias Manuelito, de 29 años, fue capturado este 3 de abril en diligencia de allanamiento y registro a una residencia ubicada en el barrio El Contento de esta ciudad, por investigadores del CTI y uniformados de la Policía y Ejército Nacional.

Al parecer el hombre haría parte de un grupo delincuencial dedicado a la comisión de homicidios, extorsiones y secuestros, entre otros, liderados por Franklin Yesid Sánchez, alias Piojo, quien fue capturado en marzo de 2023.

En el desarrollo de las audiencias preliminares la Fiscalía le imputó los delitos de homicidio, tentativa de homicidio y fabricación, tráfico o porte de armas de fuego o municiones, agravado. Además, se le formuló cargos por falsedad en documento público por hallarle en su poder una identificación falsa

A la Cárcel Modelo de Cúcuta (Norte de Santander) fue enviado alias Manuelito para cumplir con la medida de aseguramiento. 

Esta información se publica por razones de interés general.

 

 

 

 

MPHA/CFG/AOG/DSNS

 

 

 

 

 

La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.