El ente investigador se trasladó al municipio de El Carmen de Atrato en el departamento de Chocó en cumplimiento con lo dispuesto por la Sala Penal Tribunal Superior de Medellín, en el marco de la ley de Justica y Paz
La Fiscalía General cumpliendo con lo dispuesto por la Sala Penal del Tribunal Superior de Medellín, (Antioquia), en el marco de la ley de Justicia y Paz, se trasladó al municipio de El Carmen de Atrato en el departamento de Chocó.
En este territorio, funcionarios de la Dirección de Protección y Asistencia, adscritos a la Secretaría Técnica del Grupo Técnico de Evaluación de Riesgo, entrevistaron a más de 520 indígenas Emberá, acreditados como víctimas de los ataques violentos perpetrados por el desmovilizado Ejército Revolucionario Guevarista.
Se evaluaron a las víctimas del conflicto pertenecientes a las comunidades indígenas Sabaleta, La Puria y El Consuelo del pueblo Emberá, radicadas en el municipio El Carmen de Atrato (Chocó) y Caicedonia (Valle del Cauca).
De acuerdo con la sentencia, estas personas fueron víctimas de los delitos de deportación, expulsión, traslado y desplazamiento forzado de la población civil. Razones que exigen implementar dispositivos de protección colectivas, con un enfoque diferencial y de género, medidas que serán concertadas con las autoridades competentes.
Según la sentencia, el grupo delictivo, al mando del ex cabecilla desmovilizado Olimpo de Jesús Sánchez Caro, alias El Viejo, El Roble o Matacuras, vulneró los derechos de los indígenas, contemplados en la Constitución Política y el Derecho Internacional Humanitario.
Este encuentro se convierte en uno de los más grandes de este tipo que haya realizado la Fiscalía. Además abrirá paso al perdón social que deberá realizar públicamente el postulado Olimpo Sánchez Caro a esta comunidad.
La Fiscalía habla con resultados
CMRM/OJ/FAGH/MCRC
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
