Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a Diego Fernando Mena Serna, Camilo Ramírez Mena, Mauricio Hurtado Moreno y Aldair José de Arco Cardales, como presuntos responsables de integrar una banda delincuencial dedicada al hurto de manera violenta en el barrio El Poblado de Medellín (Antioquia).
Según la información obtenida por servidores de la Policía Nacional, desde inicios de 2025 a la fecha, estas personas, al parecer, intimidaban y golpeaban con armas de fuego o cortopunzantes a residentes, transeúntes y ciudadanos extranjeros. Posteriormente, los llevaban a sitios solitarios o corredores de escape, para dificultar la intervención inmediata de las autoridades, les hurtaban sus pertenencias y los obligaban a revelar claves de aplicaciones bancarias.
Por medio de diferentes actos investigativos y siete denuncias instauradas, se logró la identificación de los presuntos responsables y se evidenció que actuaban con roles determinados como perfilar a las víctimas, interceptarlas, reducirlas de manera violenta, vigilar el entorno durante el ilícito y facilitar la huida de las personas que ejecutaban el hecho.
De acuerdo con la investigación, se habrían apropiado de más de 41.000.000 de pesos entre dinero en efectivo y transferencias; 9 celulares de alta gama, joyas y tarjetas bancarias, para un total de 120 millones de pesos.
Por estos hechos, un fiscal de la Estructura de Apoyo (EDA) de la Seccional Medellín les imputó los delitos de concierto para delinquir y hurto calificado, las dos conductas agravadas.
NAMT/AFLG/DSM/AMCJ/
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
