La Fiscalía General de la Nación judicializó a tres integrantes de la Policía Nacional, que estarían involucrados en el hurto de unas joyas avaluadas en cerca de 50 millones de pesos, en un procedimiento irregular realizado en una vivienda ubicada en el sur de Cali (Valle del Cauca).

Se trata del teniente Luis Alejandro Agudelo Hernandez; el subintendente Staley José Torres Sierra y el patrullero Stiven Fernando Urazán Londoño.

Los elementos materiales probatorios y evidencia física recaudados dan cuenta de que los hoy imputados acudieron al lugar de los hechos ante el llamado que se hizo a través de la línea 123, pero una vez llegaron al lugar al parecer, ingresaron irregularmente a una vivienda ubicada en el barrio El Ingenio de esta ciudad.

Durante este procedimiento se habrían apoderado de unas joyas, omitieron y se rehusaron al llamado de funcionarios de la policía judicial, además, consignaron falsedades sobre lo ocurrido, en los libros de la Estación de Policía. Los hechos ocurrieron el 8 de diciembre de 2023.

Las órdenes de captura solicitadas por un fiscal especializado adscrito a la Estructura de Apoyo de la Seccional Cali, se materializaron el pasado 16 de abril, en Cali, Bogotá y Santa Marta.

La Fiscalía les imputó los delitos de hurto calificado y agravado, prevaricato por omisión y falsedad ideológica en documento público.

Un juez de control de garantías decidió que los tres uniformados, quienes no aceptaron los cargos formulados por la Fiscalía, deben cumplir la medida de aseguramiento en sus lugares de residencia.

 

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La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.