La investigación estableció que el dinero falso sería distribuido en Nariño y Ecuador.

La Fiscalía General de la Nación puso en evidencia el actuar delictivo de un grupo ilegal denominado Los Veteranos. En este sentido, fueron judicializados cinco de sus presuntos integrantes y quienes habrían participado en la falsificación de moneda nacional y extranjera. 

Se trata de Francisco Javier Rosero, Arturo Goyes, Luis Mosca Mera, William Insuasty y Ana Amanda Romo a quienes la fiscalía imputó, según su posible participación, delitos como: tráfico de moneda falsificada; falsificación de moneda nacional o extranjera; y concierto para delinquir.

La investigación, liderada por un fiscal de la Seccional Nariño, permitió establecer que ‘Los Veteranos’, entre 2022 y 2024, habrían fabricado moneda falsa que luego distribuían en Pasto, Taminango, Guaitarilla y la zona fronteriza con Ecuador.

Reconocimientos fotográficos e interceptaciones telefónicas, entre otras labores de policía judicial, permitieron establecer que al interior de la organización ilegal los integrantes tenían roles definidos para concretar los delitos.

Las capturas de los procesados se adelantaron durante diversas diligencias de registro y allanamiento cumplidas en viviendas de Pasto y Guaitarilla (Nariño). En los operativos fueron incautadas máquinas litográficas, impresoras, planchas de papel, guillotinas, tintas y papel impreso con dólares.

Un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento privativa de la libertad en lugar de residencia a Rosero, Goyes y Mosca Mera. Por su parte, Insuasty y Romo, continuarían vinculados a la investigación.

 

 

 

 

 

 

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La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.