Los uniformados habrían retenido a un vendedor informal y le hurtaron sus pertenencias.
La Fiscalía General de la Nación presentó ante un juez de control de garantías a los patrulleros de la Policía Nacional, Jorge Fernando Barrios Vergara y Jorge Enrique Guerrero Salgado, por los delitos de secuestro simple agravado, hurto calificado y agravado; concusión, y prevaricato por omisión.
El material probatorio presentado por un fiscal de la Seccional Medellín permitió establecer que el pasado 23 de diciembre los uniformados llegaron a un sector del viaducto en Medellín (Antioquia), donde abordaron a un vendedor ambulante. El ciudadano, al parecer, fue trasladado irregularmente al CAI del Parque de Bolívar y lo despojaron de sus pertenecías, entre ellas un anillo y un reloj, avaluados en más de 2 millones de pesos.
La víctima denunció que en el lugar le habrían introducido en su maletín una bolsa con estupefacientes, para justificar la captura y, al parecer, le exigieron 10 millones de pesos para dejarlo ir.
Los procesados fueron capturados en flagrancias por funcionarios del Gaula tras recibir la denuncia del vendedor ambulante que huyó del lugar.
La investigación permitió establecer que los uniformados estarían involucrados en un hecho similar ocurrido el pasado 19 de diciembre, cuando, al parecer, le aseguraron a otro vendedor informal del sector que tenía una orden de captura por el delito de hurto, sin que esto fuera verdad.
Presuntamente, lo llevaron en contra de su voluntad al mismo CAI, donde lo golpearon, insultaron y quitaron sus pertenencias avaluadas en unos 7 millones de pesos.
Un juez de control de garantías les impuso medida de aseguramiento en lugar de residencia, decisión que fue apelada por la Fiscalía.
JLH/AMCJ/EAP
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
