Los procesados habrían exigido 15 millones de pesos a la víctima y una liposucción para la compañera sentimental de uno de ellos.

Un juez de control de garantías de Medellín impuso medida de aseguramiento en su lugar de domicilio a los patrulleros de la Policía Nacional José Yoiber Echeverri Villa y Diego Fernando Cordero, a quienes la Fiscalía imputó el delito de concusión.

La investigación, adelantada por un fiscal de la Unidad de Delitos contra la Administración Pública de la Seccional Medellín, evidenció que el pasado 5 de septiembre los ahora procesados le habrían exigido a la propietaria de un SPA ubicado en el barrio Manrique de la capital antioqueña, el pago de 15 millones de pesos, so pena de judicializar por homicidio culposo.

Las labores de policía judicial determinaron que los procesados le indicaron a la mujer que una de sus extrabajadoras tenía orden de captura por el delito de tentativa de homicidio; esto, debido a un procedimiento estético que habría sido realizado en el establecimiento de su propiedad y que ella, como propietaria debía responder penalmente.

Atemorizada por las consideraciones expuestas por los uniformados, la víctima habría reunido y entregado 8 millones de pesos. Ante la suma restante, al parecer, Echeverri Vila constriñó a la propietaria del SPA para que le realizara una liposucción a su pareja sentimental.

Por estos hechos servidores de la Dijín de la Policía Nacional capturaron a los dos uniformados el pasado 6 de noviembre. Ninguno aceptó su responsabilidad en cuanto a los cargos imputados.

 

 

 

 

 

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La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.