Al acoger la solicitud de la Fiscalía General de la Nación, jueces de control de garantías impusieron medidas de aseguramiento en establecimiento carcelario a cuatro personas que estarían involucradas en casos de estafa y receptación, ocurridos en hechos independientes en Cauca.
Andrés Felipe Argote Rengifo fue judicializado por presuntamente incurrir en el delito de estafa agravada. Según la investigación, una ciudadana fue contactada por una comisionista para la compra de un vehículo, quien la remitió al procesado.
El hombre, al parecer, le solicitó a la víctima 24 millones de pesos para cerrar el negocio. Tras firmar los documentos se habría comprometido a entregar el vehículo al día siguiente, lo cual nunca sucedió. El procesado fue capturado por funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y de la Policía Nacional en el norte de Popayán (Cauca). La Fiscalía logró asociar cinco eventos de estafa que implicarían a Argote Rengifo.
La Fiscalía judicializó a Gustavo Quinayas Dorado, Edwin Duvan Soscuer Rivera y Nolberto Guerrero como presuntos responsables del delito de receptación agravada. Los hechos ocurrieron el pasado 2 de julio cuando seis personas armadas instalaron un retén ilegal en la vía que de Puracé conduce a Huila donde habrían detenido dos vehículos. Las víctimas fueron despojadas de sus pertenencias y camionetas.
Servidores del CTI capturaron el 3 de julio a los tres imputados en zona rural de Timbío, en su poder encontraron vehículos hurtados, radios de comunicaciones, un cuaderno con anotaciones de direcciones de las víctimas, entre otros elementos.
Los capturados no aceptaron los cargos imputados durante las audiencias concentradas.
JGPV/NAEL/DSC/MAGA
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
