Se presume que los detenidos utilizaban redes sociales y panfletos citatorios para cobrar las extorsiones.
La Fiscalía General de la Nación presentó ante un juez de control de garantías a cuatro presuntos responsables de múltiples extorsiones y otras acciones violentas contra dueños de locales comerciales, agricultores y cafeteros de los municipios de Neiva, Villavieja, Gigante, Garzón y San Agustín (Huila).
Se trata de Yenny Jomaira Sotto Narváez, alias Patacona, presunta cabecilla encargada de las finanzas de este grupo delictivo al norte del departamento; Martín Alonso Victoria, alias El Panadero; Magnolia Useche Quesada y Jairo Garzón.
Los procesados, al parecer, extorsionaban a nombre de la comisión de finanzas del Frente Darío Gutiérrez de las disidencias de las Farc. A través de plataformas digitales, panfletos citatorios y llamadas telefónicas les exigían a las víctimas sumas que superaban los 500 millones de pesos mensuales, so pena de ser asesinados.
Durante cuatro diligencias de registro y allanamiento realizadas en inmuebles de Rivera, Aipe y Villavieja (Huila) fueron incautados tres radios de comunicación, celulares, panfletos, paz y salvos alusivos a las disidencias, además de una libreta donde, al parecer, llevaban el control del pago de las extorsiones.
Estas personas fueron capturadas por servidores del Cuerpo Técnico de Investigación CTI en un trabajo articulado con el Gaula del Ejército y Policía Nacional en los municipios de Rivera, Aipe y Villavieja (Huila).
Un fiscal especializado adscrito al Gaula les imputó los delitos de secuestro extorsivo en concurso con extorsión, concierto para delinquir, fabricación porte o tenencia de armas de fuego. Cargos que no fueron aceptados. Un juez con función de control de garantías les impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario.
WAGG/LMFO/MAGA/EPR/JCFJ/DSH
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, y las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
