La Fiscalía General de la Nación judicializó a 17 personas, entre ellas 3 adolescentes, que estarían implicados en el tráfico de estupefacientes en diferentes municipios del norte del Valle del Cauca.
De las 17 capturas y aprehensiones, 9 fueron con orden judicial y 8 en flagrancia. Siete personas formarían parte de una estructura delincuencial identificada como ‘Los de Bella’. Durante los procedimientos judiciales, las autoridades incautaron cerca de 40.404 gramos de narcóticos, en su mayoría marihuana.
En Cartago fueron judicializados siete presuntos integrantes del grupo delincuencial Los de Bella, red dedicada a la venta y distribución de estupefacientes en el barrio Bellavista. La Fiscalía los involucra en, al menos, 39 eventos entre el 20 de abril y el 25 de junio del presente año.
En Andalucía, un menor de 17 años fue judicializado luego de que personal de la Policía Nacional lo aprehendiera cuando, al parecer, se movilizaba en un bus de servicio público con 7.000 gramos de marihuana. El adolescente aceptó los cargos formulados en su contra.
En Ansermanuevo, otros 2 menores de 17 y 16 años que viajaban en un microbus, fueron señalados de llevar en su equipaje 14.344 gramos de marihuana. Ninguno aceptó el delito imputado.
Los procesados fueron imputados por los delitos de concierto para delinquir agravado y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. Jueces de control de garantías decidieron que 11 de los hoy imputados deben cumplir la medida de aseguramiento en centros carcelarios y tres en detención domiciliaria. A los tres adolescentes les fue impuesta internamiento preventivo en centros especializados.
MAP/AICR/DSVC/AMCJ/
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
