La Fiscalía General de la Nación logró que un juez de control de garantías privara de la libertad a 15 personas que, al parecer, integrarían el grupo delincuencial La Calle, por su presunta responsabilidad en el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.
De acuerdo con las investigaciones adelantadas, los hoy procesados, al parecer, se dedicaban a la venta de marihuana, cocaína y bazuco en diferentes sectores públicos del municipio de Caicedonia (Valle del Cauca), afectando la seguridad ciudadana.
Por estos hechos, un fiscal de la Seccional Valle del Cauca solicitó órdenes de captura contra estas personas, las cuales fueron efectuadas el pasado 28 de mayo, por uniformados de la Sijín de la Policía Nacional, durante 11 diligencias de registro y allanamiento en el barrio Obrero de ese sector.
En audiencias concentradas, el juez envió a la cárcel a Yeison Andrés Hernández Vargas, alias Pibe; Lina Marcela Rodríguez Bedoya, alias Lina; Yamith Mauricio Correa Peñaloza, alias Mauricio; María Barbosa Hernández, alias Ana; Numbier Andrés Ocampo Betancourth, alias Mico; Anyelo Aristizábal Giraldo, alias La Perra o La Perris; Juan Carlos Carabalí Castañeda, alias Carabalí; Juan Felipe Galindo Monsalve, alias Juan; José Andrés López Pulido, alias El Negro; José Leonardo Villegas Zarate, alias José; Cristian David Soto Jiménez, alias Cristian; Diego Fernando Rincón Hernández, alias Diego; Maicol Estiven Varón Montes, alias Maicol; y Juan Pablo Garzón Díaz, alias Juan Pablo.
Por su parte, afectó con medida en lugar de residencia a Edgar Andrés Tabares López, alias Edgar.
Esta información se publica por razones de interés general.
La Fiscalía habla con resultados.
MAP/MG/DHS/DSVC/
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, y las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
