Los crímenes estarían relacionados con un plan criminal para asumir el control de las rentas ilícitas.
La Fiscalía General de la Nación documentó un patrón delictivo impuesto por un grupo delincuencial autodenominado ‘La Familia P’ para amedrantar a la población, confrontar a otras organizaciones ilegales y apoderarse de las rentas ilícitas, como la venta de estupefacientes al menudeo en Cúcuta (Norte de Santander) y su área metropolitana.
Para cumplir ese propósito criminal, Evert Carreño Corredor, alias Porras o El Viejo, señalado cabecilla de ‘La Familia P’ habría promovido ataques armados en las comunas 6, 7 y 8 de la ciudad, que dejaron 178 personas muertas y 35 heridas entre 2015 y 2024.
De acuerdo con los elementos materiales probatorios recaudados por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) este hombre presuntamente entregó instrucciones, coordinó la ejecución de las acciones delictivas, definió los diferentes roles que deberían cumplir los integrantes de su estructura y dispuso la instrumentalización de menores de edad, a través de aplicaciones de mensajería instantánea.
En ese sentido, una fiscal de la Unidad de Vida de la Seccional Norte de Santander le imputó los delitos de concierto para delinquir agravado; homicidio agravado, tentativa de homicidio; uso de menores de edad para la comisión de delitos; fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones; fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido, de uso privativo de las Fuerzas Armadas o explosivos; y hurto calificado y agravado en grado de tentativa.
El procesado no aceptó los cargos y deberá seguir privado de la libertad, en el entendido de que cumple medida de aseguramiento en centro carcelario por otros eventos delictivos en los que estaría involucrado.
Esta información se publica por razones de interés general.
MPHA/AMCJ/LCHG/JARG/ECDR/MRM/EDBCH/DSNS/
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
