Otros cuatro hombres también fueron judicializados por tráfico de estupefacientes en la capital de Bolívar.
Por solicitud de un fiscal de la Unidad de Reacción Inmediata un juez envió a la cárcel a Francisco Javier Ferrer Anillo, quien fue capturado cuando pretendía abordar un avión en el Aeropuerto Rafael Núñez de Cartagena, al parecer, con 668 gramos de cocaína adheridos a su cuerpo.
Su detención tuvo lugar el pasado 4 de marzo cuando el hoy procesado, de 23 años, iba a tomar un vuelo con destino a España. Agentes de la Dirección Antinarcóticos de la Policía Nacional, tras un perfilamiento al pasajero, descubrieron la droga en el interior de una faja que rodeaba su cintura.
En el desarrollo de las audiencias concentradas Ferrer Anillo no aceptó el delito de fabricación, tráfico o porte de estupefacientes que le imputó la Fiscalía.
Otros asegurados por estupefacientes y porte de arma de fuego
De otro lado, fueron judicializados Miguel Ángel Nava Pérez de 28 años, Hamish Miranda Palacios de 30, Cristian David Cortés Ortega y Jesús Alberto Gómez Navas, ambos de 19, a quienes les fueron hallados en tres carros que conducían un arma y cocaína el pasado 13 de marzo en el barrio Blas de Lezo de Cartagena.
Ante el juez de control de garantía los procesados no aceptaron su responsabilidad en los delitos de fabricación, tráfico o porte de estupefacientes y porte ilegal de arma de fuego, imputados por la Fiscalía.
Por disposición judicial la reclusión de Gómez Navas se llevará a cabo en la Cárcel San Sebastián Ternera de la capital de Bolívar. Los otros tres cumplirán las medidas en lugares de domicilios.
Esta información se publica por razones de interés general.
La Fiscalía habla con resultados.
MEVA/CFG/FP/DSB
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La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
