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Judicializado investigador del CTI que estaría extorsionando al propietario de una finca en el Meta

Tras valorar los elementos probatorios aportados por la Fiscalía, un juez le dictó medida privativa de la libertad consistente en detención domiciliaria a Dagoberto Henao Ospina, funcionario activo del CTI en la Seccional Meta.

capturado de espaldas custodiado por investigador del CTI de la Fiscalía y militar. Detrás banner de grupo Gaula Militar y Fiscalía.
La Fiscalía lo imputó por el delito de extorsión agravada tentada

El investigador sería el presunto responsable de exigir dinero a un habitante de la vereda Rancho del Guadual de Puerto Lleras (Meta).

Los hechos que lo involucran ocurrieron en noviembre de 2023, fecha en la que, al parecer, Henao Ospina, junto con otras dos personas, llegó  hasta la finca de la víctima  y con un arma de fuego le habría exigido el pago de 2 millones de pesos por una supuesta deuda.

Su captura se llevó a cabo mediante orden judicial este 20 de febrero en vía pública de Granada (Meta), por investigadores del CTI de la Fiscalía y militares del grupo Gaula Ariari.

Ante un juez de garantías la Fiscalía le imputó cargos por el delito de extorsión agravada tentada, el cual no fue aceptado.

Con esta labor judicial en el oriente colombiano la entidad continúa cumpliendo con el compromiso adquirido por la Fiscal General de la Nación (E), Martha Janeth Mancera, de esclarecer los delitos que afectan la seguridad ciudadana.

Esta información se publica por razones de interés general.

La Fiscalía habla con resultados.

 

 

 

PYMP/CFG/JHM/DSM

 

 

La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.

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