Otra persona fue imputada por el delito de maltrato animal por el ataque con arma blanca que le propinó a una vaca en Tolima.
Fiscales del Grupo Especial para la Lucha contra el Maltrato Animal (GELMA) presentaron ante jueces de control de garantías a dos hombres que, en hechos distintos, habrían causado graves afectaciones a animales en Bogotá (Cundinamarca) y Ortega (Tolima).
Muerte de animal rescatado
En mayo de 2017, Camilo Ernesto Rivera ofreció su vivienda en el barrio Restrepo, en Bogotá, como hogar de paso para cuidar a ‘Keyla’, una canina que fue rescatada. Sin embargo, días después de asumir la custodia del animal, al parecer, indicó que no podía tenerla más y que la abandonaría en la calle.
Personas que seguían la condición de ‘Keyla’ conocieron fotografías en las que se veía a la canina en estado grave de salud y le pidieron al cuidador que les permitiera recogerla. El hombre, presuntamente, se negó y, posteriormente, les indicó que había muerto. El informe de necropsia reveló que ‘Keyla’ sufrió una desnutrición severa que no pudo superar.
Por su posible responsabilidad en graves omisiones de atención y protección, Camilo Ernesto Rivera fue imputado por el delito de maltrato animal.
Agresión a ‘Lola’
La Fiscalía imputó el delito de maltrato animal a Hildebrando Lozano, quien habría agredido con un arma blanca a una vaca, llamada ‘Lola’, en una finca de Ortega (Tolima). De acuerdo con la investigación, varios bovinos ingresaron a la finca del hoy procesado y le dañaron unas plantas. Esto, al parecer, motivó la reacción violenta del hombre.
Producto del ataque, ‘Lola’ sufrió una lesión que le genera dificultades para caminar.
AMCJ/JARG/AG/GELMA/MCRC/
La Fiscalía habla con resultados.
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
