Miguel Ángel Cadavid Posada es presunto cabecilla de la estructura delincuencial conocida como Los Joaquinillos. Además, habría coordinado un toque de queda durante una confrontación armada contra otra banda criminal.
Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario en contra de Miguel Ángel Cadavid Posada, alias Bebé, como presunto responsable de los delitos de concierto para delinquir, tentativa de homicidio agravado, utilización de menores para la comisión de delitos; tráfico, fabricación o porte de estupefacientes; y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.
Un fiscal seccional evidenció que, desde 2023, ‘Bebé’, presuntamente, como cabecilla de la estructura criminal denominada Los Joaquinillos, reclutaba menores de edad para que ejercieran la actividad de narcomenudeo en los barrios Belén Rincón y Altavista en Medellín (Antioquia).
Las labores de policía judicial permitieron establecer que la madrugada del 3 de marzo de 2023, al parecer, participó en un ataque armado contra una vivienda ubicada en el corregimiento de San Cristóbal, donde se refugiaban un menor de edad y 4 adultos.
Además, en enero de 2024, presuntamente, coordinó un toque de queda en la zona de injerencia del grupo ilegal, durante un enfrentamiento con otra banda delincuencial.
‘Bebé’ fue capturado durante en un operativo adelantado por servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y la Policía Nacional. No aceptó los cargos imputados.
En noviembre de 2024 la Fiscalía judicializó a otros ocho presuntos integrantes de Los Joaquinillos quienes se encuentran privados de la libertad en establecimiento carcelario.
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La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
