Ante jueces de control de garantías la Fiscalía logró judicializar a tres presuntos responsables de agredir a sus ex compañeros sentimentales en Guaviare.
Los hechos aislados se presentaron el pasado 25 de febrero en dos municipios de este departamento.
En el primer hecho fue capturado en flagrancia Carlos Andrés Benavides Peña, de 40 años, cuando al parecer agredía física y verbalmente a su esposa al interior de su residencia, ubicada en el barrio El Remanso, de San José del Guaviare.
La Fiscalía le imputó cargos por el delito de violencia intrafamiliar en concurso homogéneo y sucesivo, el cual no fue aceptado.
El juez le ordenó medida privativa de la libertad domiciliaria, en lugar diferente al de su núcleo familiar y desalojo.
En el segundo caso fueron capturados Marly Eliana Rodríguez Bohórquez, de 24 años y Yeison Cortés Medina, de 32, cuando se estaban agrediendo físicamente como consecuencia de una discusión en vía pública en el barrio Quindío del municipio de El Retorno.
Rodríguez Bohórquez fue imputada por los delitos de violencia intrafamiliar en concurso con daño en bien ajeno, mientras que Cortés Medina por el delito de violencia intrafamiliar simple. Cargos que no fueron aceptados por ninguno de los dos.
El juez ordenó medida no privativa de la libertad contra los procesados que deberán tener buena conducta y permanecer alejados, entre otras medidas de protección solicitadas por la Fiscalía.
Con estas actuaciones la Seccional Guaviare da cumplimiento al compromiso adquirido por la Fiscal General de la Nación (e), Martha Janeth Mancera, de esclarecer los delitos que afectan la seguridad ciudadana.
Esta información se publica por razones de interés general.
La Fiscalía habla con resultados.
PYMP/CFG/ICLH/DSG
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
