Luego de acoger los argumentos de la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de garantías privó de la libertad a ocho personas que al parecer se dedicaban al tráfico de estupefacientes en zona urbana de la ciudad de Montería (Córdoba).

Los procesados fueron asegurados por el delito de concierto para delinquir con fines para el narcotráfico

Adelantada la investigación que inició en mayo de 2020, por un fiscal de la Estructura de Apoyo, se tuvo conocimiento de la existencia de un grupo delincuencial, dedicado a la venta estupefacientes en los barrios de la margen izquierda del rio Sinú de esa localidad.

Pruebas testimoniales, labores de verificación y seguimientos, entre otros, fueron los elementos probatorios que recogió el ente acusador para efectaur el pasado 9 de diciembre, 7 allanamientos en la capital cordobesa, en los que fueron capturadas los hoy procesados.

Durante las audiencias concentradas, los indiciados fueron imputados por el delito de concierto para delinquir agravado con fines para el narcotráfico. 

Los procesados son:

1.      Jhon Jairo Espitia Pacheco

2.      Julián Andrés Díaz Guzmán

3.      Eduardo Manuel Bravo Cuadrado

4.      Juan Carlos Mercado Hernández

5.      Jorge Arturo Mieles Mercado

6.      María José Castillo Bautista

7.      Danna Marcela González Hoyos

8.      Antonio Márquez Vásquez.

Espitia Pacheco deberá cumplir la medida en centro carcelario y los demás en sus lugares de residencia.

La Fiscalía General de la Nación habla con resultados.

MEVA/MG/LM

La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.

 

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