Dos particulares también fueron vinculados a la investigación.
La Fiscalía General de la Nación imputó cargos contra 4 exservidores públicos de la Alcaldía de Medellín y dos particulares, como presuntos responsables de cometer irregularidades en la celebración de un contrato por 590’867.392 de pesos; para la restauración en infraestructura, kioscos, bancas, mesas y malla, entre otros, en el Parque Metropolitano de Las Aguas.
Los investigados deberán responder, de acuerdo con su responsabilidad individual, por los delitos de peculado por apropiación en favor de terceros, interés indebido en la celebración de contratos y contrato sin cumplimiento de los requisitos legales.
Según la investigación, adelantada por una fiscal de la Unidad de Delitos contra la Administración Publica de la Seccional Medellín, en julio de 2021 los exfuncionarios públicos adscritos a Metroparques habría direccionaron el contrato para favorecer a una empresa constructora.
La Fiscalía evidenció que, del monto inicial, presuntamente, se destinaron recursos a misma empresa para la construcción de una bodega que no se requería, y que nunca fue utilizada. Además, en la ejecución de la obra, se cree, hubo un detrimento patrimonial de 243’316.000 de pesos.
Por esos hechos fueron imputados los exfuncionarios María Eugenia Domínguez Estrada, exgerente de Metroparques; Viviana del Valle Velásquez, exjefe de compras; Carlos Augusto Jaramillo Villarreal, exsecretario general; y César Augusto Chavarría Múnera, ex jefe de logística de eventos. Además de los particulares Enidia del Carmen Salazar de Sánchez, representante legal de la empresa constructora; y Camilo García Bustamante, contratista de Metroparques y con funciones de supervisión del contrato.
Ninguno de los procesados se allanó a los cargos imputados.
LFML/LSAH/DSM/LMFO/
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
