La Fiscalía General de la Nación judicializó a cinco personas, entre servidores públicos y contratistas, por presuntas irregularidades cometidas en febrero de 2021 durante la celebración de un contrato para la construcción del nuevo Hospital del municipio de Toledo (Norte de Santander).
Las labores de policía judicial permitieron evidenciar, mediante testimonios y dictámenes periciales, que el contrato habría sido tramitado y ejecutado con base en diseños técnicos desactualizados y sin el cumplimiento de las exigencias normativas establecidas por el Ministerio de Salud.
También se habría autorizado el pago de una suma cercana a los $1.943 millones, de los cuales, unos 569 millones de pesos correspondían a obras no ejecutadas materialmente, lo que pudo generar un detrimento patrimonial al erario público.
Por estos hechos, fueron imputados Katherine Calabro Galvis, exgerente del Hospital de Chinácota; Franklin Omar Cañas Mendoza, ex subgerente Hospital de Chinácota; Yhonny Pascual Contreras Roa, quien cumplía funciones de supervisión del contrato; Diego Armando Duarte Suárez, representante legal de la interventoría y Deyvis Orlando Quitian Rojas, representante legal de la entidad contratista; quienes deberán responder como presuntos responsables de celebración indebida de contratos, peculado por apropiación y falsedad ideológica en documento público.
Los procesados no aceptaron los cargos y continuarán vinculados al proceso.
MPHA/LFML/DRVT/EDBC/DSNS
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
