La Fiscalía General de la Nación imputó ante un juez de garantías de Bogotá, los delitos de concierto para delinquir, peculado por apropiación, peculado por uso y violación de comunicaciones agravado, en contra del ex secretario jurídico de la Presidencia de la República, Edmundo Del Castillo Retrepo.
De la misma manera le imputó el delito de concierto para delinquir al exsecretario de prensa de la Presidencia, César Mauricio Velásquez, en calidad de autor y a título de dolo agravado.
Los hechos se registraron en el 2007 desde cuando haciendo uso de sus posiciones distinguidas y la influencia en diferentes entidades del Estado, planearon, supuestamente, el desprestigio de la Corte Suprema y de la legitimidad de las sentencias proferidas frente a los casos de alianzas o nexos entre congresistas y otros políticos con cabecillas de las llamadas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
Para la Fiscalía, el ex secretario Jurídico Del Castillo Restrepo acordó con miembros de las AUC, el acopio de información ilegalmente obtenida mediante equipos técnicos del desaparecido Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), para desprestigiar a los magistrados de la máxima corporación, que investigaban casos de parapolítica.
Asimismo “participó en los montajes realizados en contra de la excongresista Yidis Medina”, aseguró la delegada de la Fiscalía.
El ente de investigación los relaciona con los casos Paseo, Tazmania, Guzmán, Job, Fotógrafo, Pareja y Operación Procrear, en los que mediante el uso de equipos del entonces DAS, con abogados intermediarios y con líderes de las AUC se planeó desacreditar las investigaciones del magistrado auxiliar de la Corte Suprema Iván Velásquez y de la excongresista Medina.
En cuanto al exsecretario de Prensa César Mauricio Velásquez, la Fiscalía le endilga haberse concertado con funcionarios del gobierno del expresidente Álvaro Uribe, en la planeación de una estrategia de comunicaciones y la divulgación de comunicados que tenían como fin el desprestigio del alto tribunal y de la exparlamentaria Medina.
“Convocaba a reuniones en la casa de Nariño para generar estrategias ante la opinión pública con relación a presuntos nexos de magistrados con supuestos narcotraficantes o empresarios como el caso del viaje a Neiva (Huila), invitados por el señor Asencio Reyes.
Como elementos materiales probatorios, la Fiscalía expuso informes periodísticos difundidos desde el año 2008 en medios de comunicación, tales como revistas, semanarios, internet, radio y televisión.
“Todo funcionario o servidor público tiene como deber hacer valer la Constitución Política y la ley y ellos con mayor razón por sus cargos y posición destacada en la sociedad”, aseguró la fiscal del caso.
Agregó que los delitos son agravados en el sentido que la acción ilegal fue ejercida contra servidores públicos que estaban realizando su función legal de administración de justicia.
En la misma diligencia judicial fue imputado el delito de concierto para delinquir agravado a los abogados Sergio Augusto González Mejía y Diego Álvarez Betancourt, quienes habrían servido de intermediarios entre los exfuncionarios de ese gobierno y los cabecillas paramilitares para concertar el ilícito.
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