Viernes, 03 de abril de 2020 2:34 am
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Futuro Colombia

¿Quiénes somos?

“Futuro Colombia” tiene como finalidad desarrollar acciones de prevención integral de los distintos fenómenos delincuenciales a nivel social, comunitario e individual para frenar las violencias contra niñas, niños y adolescentes, haciendo especial énfasis en aquellas violencias en las que las niñas, los niños y los adolescentes, sujetos de especial protección constitucional que cuentan con derechos prevalentes, son víctimas.

Lo anterior, mediante el acercamiento a la comunidad y la articulación interinstitucional con los diferentes entes estatales que contribuyen a fortalecer el acceso a la justicia y a propiciar la disminución de los efectos nocivos del delito.

¿Por qué la Fiscalía General de la Nación hace prevención?

-En el marco de la Misión Institucional 2016-2020, se señala que la Fiscalía General de la Nación “participa en el diseño y la ejecución de la Política Criminal del Estado”, la prevención de la delincuencia representa un aspecto fundamental en la ejecución de la Política Criminal del Estado.

-Las Directrices de las Naciones Unidas para la Prevención de la Delincuencia Juvenil “Directrices de RIAD”, en el Art. 9, establecen la implementación de “planes generales de prevención en todos los niveles de gobierno” por lo tanto, el Programa de Prevención Social del Delito Futuro Colombia de la Fiscalía General de la Nación, desarrolla su plan de acción en el marco de dichas directrices.

-El Gobierno Nacional expidió́ el Decreto 1885 de 2015 mediante el cual creó el Sistema Nacional de Coordinación de Responsabilidad Penal para Adolescentes (SNCRPA), el cual  desarrolla la construcción de Políticas de Prevención del Delito de Adolescentes y Jóvenes, siendo este el marco bajo el cual el Estado Colombiano direccionará, a través de sus instituciones, las acciones de prevención del delito. Actualmente la Fiscalía General de la Nación forma parte del Comité́ de SNCRPA.

-La Fiscalía General de la Nación tiene como parte de su misión “garantizar el acceso efectivo a la justicia, la verdad y la reparación de las víctimas de los delitos; y generar confianza en la ciudadanía”, visualizando a 2020 el aporte de la entidad a la seguridad ciudadana, apoyado en tecnologías de punta y en talento humano y profesional calificado al servicio de la gente. En este sentido, el Programa Futuro Colombia, contribuye a alcanzar esta misión, generando campañas, estrategias, talleres y ferias de servicio en alianza con diferentes entes gubernamentales, logrando acercar la justicia a las comunidades vulnerables, buscando generar confianza a lo largo del territorio nacional.

NombresSeccionalCorreo electrónico
Alex Javier Pérez MejíaAmazonasalex.perez@fiscalia.gov.co
Norma Fajardo ÁlvarezAmazonasnorma.fajardo@fiscalia.gov.co
Alexa Patricia GalvizAntioquiaalexa.galviz@fiscalia.gov.co
Liliana Gutiérrez GarcíaAraucaliliana.gutierrez@fiscalia.gov.co
María Inés Saade SotoAtlánticomaria.saade@fiscalia.gov.co
Pedro Alonso Arias HernándezAtlánticopedro.arias@fiscalia.gov.co
Ross Merly TorresBogotáross.torres@fiscalia.gov.co
Sonia Cristina BecerraBogotásonia.becerra@fiscalia.gov.co
Yalira Margoth Perea guzmánBogotáyalira.perez@fiscalia.gov.co
Maria Patricia Arcila EstradaBogotámaria.arcila@fiscalia.gov.co
Luz Mary Salazar MoralesBolívarluz.salazar@fiscalia.gov.co
Concepción Jiménez MoyanoBoyacáconcepcion.jimenez@fiscalia.gov.co
Alexa Johanna Corrales RodríguezCaldasalexa.corrales@fiscalia.gov.co
Ebly GilCaliebly.gil@fiscalia.gov.co
Asbleidi Pulido PinillaCaquetáasbleidi.pulido@fiscalia.gov.co
Felipa Inelia Avendaño MendivelsoCasanarefelipa.avendano@fiscalia.gov.co
Edith Sterlin Castro TaberaCaucaedith.castro@fiscalia.gov.co
Leonardo Javier García DíazCesarleonardoj.garcia@fiscalia.gov.co
Diana Patricia Vidal CausilCórdobadiana.vidal@fiscalia.gov.co
Gloria Rosario Prieto VargasCundinamarcagloria.prieto@fiscalia.gov.co
Ángela Bernardina Pérez RomeroGuajiraangela.perezr@fiscalia.gov.co
Adriana Paola Álvarez PeñaGuaviareadrianap.alvarez@fiscalia.gov.co
Martha Isabel Sandoval PalomáHuilamartha.sandoval@fiscalia.gov.co
Luis Alfonso Cuello DominguezMagdalenafuturocolombia.magdalena@fiscalia.gov.co
Cristhian Orlando Munar ZabaletaMagdalena Mediocristhian.munar@fiscalia.gov.co
Lady Johanna Muñoz GuzmánMedellínlady.munoz@fiscalia.gov.co
Patricia Lara VegaMedellínpatricia.lara@fiscalia.gov.co
Sandra Lucía Monroy RodríguezMetasandra.monroy@fiscalia.gov.co
Ana Lucía Hidalgo PatiñoNariñoana.hidalgo@fiscalia.gov.co
Fanny Ríos CastellanosNorte de Santanderfanny.rios@fiscalia.gov.co
José Rafael Gutiérrez VacaPutumayojoser.gutierrez@fiscalia.gov.co
Carola Milena Rodríguez LemosPutumayocarola.rodriguez@fiscalia.gov.co
Claudia Marcela Gaviria HoyosQuindíoclaudia.gaviria@fiscalia.gov.co
Dora Patricia Galvis RoblesRisaraldadora.galvis@fiscalia.gov.co
Melissa Joan Saams BenardSan Andrésmelissa.saams@fiscalia.gov.co
Nelly Rebeca Reyes FerroSantandernelly.reyes@fiscalia.gov.co
Maria Josefina Salcedo TapiasSucremaria.salcedo@fiscalia.gov.co
Gloria Bernal AlfonsoTolimagloria.bernal@fiscalia.gov.co
Claudia Marcela Sanna MoralesValle del Caucaclaudia.sanna@fiscalia.gov.co

¿Qué significa la violencia contra Niñas, Niños y Adolescentes?

Según la Convención sobre los Derechos Del Niño (1989), la violencia contra Niñas, Niños y Adolescentes, se entiende como toda forma de perjuicio o abuso, bien sea físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual, mientras el niño se encuentre bajo la custodia de los padres, de un representante legal o de cualquier otra persona que lo tenga a su cargo.

Con el propósito de fortalecer las estrategias de prevención de todas las formas de violencia contra niñas, niños y adolescentes en Colombia, la Fiscalía General de la Nación, presenta a la ciudadanía en general datos de gran importancia sobre las violencias contra niñas, niños y adolescentes, qué hacer cuando se presentan estas violencias y cómo prevenirlas desde el hogar.

Abuso Sexual Infantil

Abuso Sexual Infantil

Se denomina abuso sexual infantil a cualquier conducta de tipo sexual en contra de niñas, niños y adolescentes, ejercida por un adulto o cualquier individuo en edad mayor que el afectado. Según el Ministerio de Salud, “todo contacto sexual con una niña o niño menor de 14 años con o sin su consentimiento se considera abuso sexual” (2011).

Factores de riesgo del abuso sexual infantil

Silencio: Los NNA afectados pueden ser víctimas del silencio que envuelve la violencia sexual intrafamiliar. La sociedad igualmente adopta una postura de tolerancia, dimensionando el fenómeno como un problema privado.  El silencio produce una falta de acción inmediata de la comunidad que por lo regular conoce la situación, pero no hace nada en defensa del menor de edad (Díaz & Rodríguez, 2006).

Pobreza: La pobreza extrema afecta las condiciones de vida de las familias y favorece que numerosos niños y adolescentes realicen trabajos en las calles. El trabajo infantil es un factor de riesgo para el abuso sexual.

Estructura familiar: Se reporta un mayor riesgo cuando falta el padre y la madre trabaja o descuida sus hijos. El explotador suele ser un familiar o vecino que se aprovecha de las carencias habituales del NNA. El maltrato intrafamiliar, canales inadecuados de comunicación y falta de comprensión son también factores de riesgo.

Educación: Gran mayoría de niños y adolescentes abusados sexualmente están fuera del sistema regular de enseñanza o en situaciones de atraso escolar. La familia y la escuela son las dos principales instituciones sociales para proteger a la infancia (Londoño et al., 2015, p.243 y 244)

Explotación sexual comercial de niñas, niños y adolescentes ESCNNA

Explotación sexual comercial de niñas, niños y adolescentes ESCNNA

Según la Declaración del Primer Congreso Mundial contra la Explotación Sexual Comercial de Niños, Niñas y Adolescentes, realizado en Estocolmo en 1996, se entiende este delito como “el abuso sexual por adultos y la remuneración en metálico o en especie al niño o niña y a una tercera persona o varias”.

Según el documento EXPLOTACIÓN SEXUAL COMERCIAL DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES (ESCNNA), de la Presidencia y el ICBF, el negocio de la explotación sexual comercial de niñas, niños y adolescentes mueve cifras millonarias y funciona tanto en lugares con condiciones de pobreza y abandono, como en lugares exclusivos con personas de alto poder adquisitivo y turistas extranjeros, en diferentes ambientes como: hoteles; centros vacacionales; viviendas turísticas; establecimientos públicos para adultos; balnearios, donde adultos demandan actividades sexuales con personas menores de edad de cualquier estrato social a cambio de una remuneración.

 

Factores de riesgo de ESCNNA

Estos son algunos de los factores de riesgo identificados por el ICBF:

Ámbito Familiar: los entornos familiares con relaciones asimétricas, hacinamiento, abandono, abuso sexual y maltrato se convierten en factores de riesgo. También la interacción con familia- res vinculados con prácticas de prostitución es considerada como un factor de vulnerabilidad hacia la situación de explotación sexual, debido a que la resistencia de los menores a vincularse a dichas prácticas puede verse disminuida al percibirlas como un estilo de vida (Camacho & Trujillo, 2009).

Ámbito Social: La erotización del cuerpo infantil y adolescente asociado a modelos educativos y culturales

Ámbito Económico: La pobreza puede llevar a que padres, madres y/o cuidadores presionen a niñas, niños o adolescentes para que aporten recursos económicos. Por otro lado, los NNA ante la insatisfacción de necesidades básicas pueden ser seducidos por ofertas de personas dedicadas a esta actividad ilícita.

Ámbito Educativo: La dificultad para ingresar o permanecer en el sistema educativo, la escasez de espacios físicos y sociales para el desarrollo de actividades lúdicas y recreativas puede convertirse en un factor de riesgo.

Ámbito Político: El accionar de los grupos armados al margen de la ley en Colombia ha llevado a prácticas de reclutamiento y explotaciones de niñas, niños o adolescentes, utilizados, entre otras actividades, para prácticas sexuales (ICBF, 2010, p12).

Trata de personas

 

Trata de personas

El Protocolo de Palermo, diseñado para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, especialmente cuando las víctimas son mujeres y niños, es un instrumento adicional de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional. Este Protocolo define la trata de personas como:

La captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación. Esa explotación incluirá, como mínimo, la explotación de la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre o la extracción de órganos (Artículo 3°).

El artículo 188 A del Código Penal Colombiano establece:

“El que capte, traslade, acoja o reciba a una persona, dentro del territorio nacional o hacia el exterior, con fines de explotación, incurrirá en prisión de trece (13) a veintitrés (23) años y una multa de ochocientos (800) a mil quinientos (1.500) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Para efectos de este artículo se entenderá por explotación el obtener provecho económico o cualquier otro beneficio para sí o para otra persona, mediante la explotación de la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre, la explotación de la mendicidad ajena, el matrimonio servil, la extracción de órganos, el turismo sexual u otras formas de explotación.

El consentimiento dado por la víctima a cualquier forma de explotación definida en este artículo no constituirá causal de exoneración de la responsabilidad penal.”

Factores de riesgo de trata de personas

Nivel comunitario: es en el nivel comunitario en el que se pueden crear entornos protectores sostenibles, que detectan en etapas tempranas, factores de discriminación, violencia de género, o vulneraciones de derechos en niñas, niños y adolescentes de su comunidad, y actuar en un rol de control social y de garantes de derechos de las familias.

Nivel familiar: situaciones tan comunes en los entornos familiares como asignar a niñas, niños y adolescentes, roles propios de los adultos (contribuir a los ingresos de la familia, responsabilizarlos del cuidado de otros niños o niñas, etc.) o los patrones de crianza más patriarcales, naturalizan la ocurrencia de la Trata de Personas y contradicen la finalidad protectora que sólo el entorno familiar o la red vincular de apoyo pueden proveer.

Nivel individual: Imaginarios de que problemáticas socioeconómicas pueden ser resueltas por oportunidades irreales como las eventualmente ofrecidas por los Tratantes: mejores oportunidades laborales, buena remuneración, plan de vida en otro lugar, posibilidad de mejorar las condiciones económicas del grupo familiar, etc, se configuran como un factor de riesgo. Otro factor está relacionado con la construcción de imaginarios frente a la migración como única opción para construir proyectos de vida diferentes, en un contexto idealizado por los relatos de personas – cercanas o no – que han migrado y han tenido experiencias exitosas (ICBF, 2018, p.29).

Trabajo Infantil

Trabajo infantil

Según el DANE, el trabajo infantil se define como “Toda actividad de comercialización, producción, transformación, distribución o venta de bienes o servicios, remunerada o no, realizada en forma independiente o al servicio de otra persona natural o jurídica, por personas que no han cumplido los 18 años de edad” (2017, p.3).

Factores de riesgo de trabajo infantil

Según la Iniciativa Regional para América Latina y el Caribe Libre de Trabajo Infantil, los siguientes factores de riesgo se encuentran asociados y afectan de manera directa el libre desarrollo de los NNA. Estos son los siguientes:

Nivel educativo: Tanto el nivel educativo de la madre como de las niñas, los niños y los adolescentes, puede ser determinante en contextos de pobreza extrema y situaciones de exclusión social, establecidas comúnmente por atributos étnicos; la condición de refugiado o desplazado; o también, por situaciones de segregación urbana y exclusión social. Bajo estas circunstancias, los menores trabajadores probablemente no recibirán incentivos familiares adecuados para mantenerse en la escuela, desertando a muy corta edad.

Nivel familiar: Cuando los padres incentivan el trabajo sin mayores condiciones o reglas, es común que nos encontremos con menores no escolarizados, que tienen además, nulas o pocas aspiraciones de comenzar o retomar los estudios. Estos niños y niñas deben trabajar para ayudar a mantener los gastos del hogar o, también, porque los padres no están dispuestos, o no pueden, satisfacer sus necesidades de alimentación y recreación.

 

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) define tres formas de trabajo infantil:

Los niños y niñas ocupados en la producción económica: los que realizan cualquier actividad dentro de la frontera de producción del Sistema de Cuentas Nacionales durante al menos una hora en el transcurso del periodo de referencia.

Los niños y niñas que se encuentran en trabajo infantil: Comprende los niños ocupados en las peores formas de trabajo infantil y los niños ocupados en la producción económica por debajo de la edad mínima, salvo los que realizan trabajo ligero permitido, si procede.

Los niños y niñas que realizan trabajos peligrosos: Es cualquier actividad u ocupación que, por su naturaleza o características, tiene, o puede producir, efectos perjudiciales para la seguridad, la salud (física o mental) y el desarrollo moral de la infancia. (OIT, 2009, p. 6)

Desaparición forzada

Desaparición forzada

Es la privación de la libertad de una o varias personas mediante cualquier mecanismo (aprehensión, detención o secuestro), seguida de su ocultamiento, o de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o de dar cualquier información sobre la suerte o el paradero de esa persona, privándola así de los recursos y las garantías legales (OACNUDH, s.f.)

La desaparición forzada constituye una violación de los derechos humanos cuando los hechos son cometidos por el Estado a través de sus agentes o a través de personas o grupos de personas que actúen con la autorización o apoyo del Estado.

-Inicia con la privación de la libertad a cualquier título o forma

-Puede ser cometida por agentes estatales o por particulares que actúen en nombre del Estado o con su autorización, apoyo o consentimiento,

-Es seguida de la negativa a reconocer la privación de la libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona, sustrayéndola de la protección de la ley. (Defensoría del Pueblo, s.f.)

Frente a la desaparición forzada, La Ley 589 de 2000, además de tipificarla como delito penal, establece varios mecanismos de prevención del delito y de protección de los derechos fundamentales que resultan afectados con la conducta. Los mecanismos previstos en la norma mencionada son:

-La Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas.

-El Mecanismo de Búsqueda Urgente.

-El Registro Nacional de Desaparecidos.

-La Administración de bienes de personas desaparecidas.

Factores de riesgo de la desaparición forzada

-Falta de presencia del Estado en el territorio y presencia de grupos armados organizados al margen de la ley.

-Abandono de la niña, el niño o el adolescente: Falta de acompañamiento y protección de los cuidadores durante el día a día.

Acoso escolar

Acoso escolar

La Ley 1620 de 2013 en su Artículo 2, define el acoso escolar o bullying como una “conducta negativa, intencional, metódica y sistemática de agresión, intimidación, humillación, ridiculización, difamación, coacción, aislamiento deliberado, amenaza o incitación a la violencia o cualquier forma de maltrato psicológico, verbal, físico o por medios electrónicos contra un niño, niña, o adolescente, por parte de un estudiante o varios de sus pares, con quienes mantiene una relación de poder asimétrica, que se presenta de forma reiterada o a lo largo de un tiempo determinado.

También puede ocurrir por parte de docentes contra estudiantes, o por parte de estudiantes contra docentes, ante la indiferencia o complicidad de su entorno.

Factores de riesgo de acoso escolar

Factores ligados al grupo de pares: Cuando  niñas, niños o adolescentes se ven involucrados en actividades riesgosas, por ejemplo: comportamientos delictivos, consumo de sustancias psicoactivas, entre otras.

Factores familiares: Estrés, desintegración, inequidad familiar, desprecio, falta de reconocimiento y situaciones de maltrato.

Factores escolares: Falta de reglas y límites claros en la institución educativa. Relaciones de desconfianza entre estudiantes y docentes.

Factores sociales o comunitarios: Exclusión de actividades sociales, estigmatización por orientación sexual, gustos musicales, forma de vestir, entre otros.

Factores individuales: Falta de capacidad para la resolución de conflictos. Actitudes y conductas de riesgo (competencias y juegos violentos y consumo de sustancias psicoactivas y alcohol), hiperactividad, exceso de trabajo, ansiedad y depresión.

 

Acoso directo: cuando ocurren agresiones físicas y peleas que incluyen el daño del cuerpo.

Acoso indirecto: cuando se busca y se genera aislamiento social, mediante diversas acciones de amenazas, críticas, burla y discriminación de cualquier índole.

Utilización de niñas, niños y adolescentes para la comisión de delitos

Utilización de niñas, niños y adolescentes para la comisión de delitos

En el artículo 188D -Uso de menores de edad la comisión de delitos- del Código penal, se establece que el que induzca, facilite, utilice, constriña, promueva o instrumentalice a un menor de 18 años a cometer delitos o promueva dicha utilización, constreñimiento, inducción, o participe de cualquier modo en las conductas descritas, incurrirá por este solo hecho, en prisión de diez (10) a veinte (20) años. El consentimiento dado por el menor de 18 años no constituirá causal de exoneración de la responsabilidad penal. La pena se aumentará de una tercera parte a la mitad si se trata de menor de 14 años de edad.

Según el boletín “El uso de niños, niñas y adolescentes como modalidad de vinculación: Elementos para su definición, caracterización, análisis e intervención” (Presidencia, 2018), la vinculación para el uso de niños, niñas y adolescentes no es un proceso lineal, sino que depende de al menos tres conjuntos de variables:

  • La actividad delictiva y el tipo de organización criminal.
  • Las condiciones del contexto comunitario, social y político en el que se desarrollan los niños, niñas, adolescentes y jóvenes, así como las actividades delincuenciales.
  • Ciertas condiciones familiares e individuales de las personas menores de 18 años involucradas.

Factores de riesgo de utilización de niñas, niños y adolescentes para la comisión de delitos

  • Situación de abandono o habitabilidad de calle
  • Consumo o cercanía a consumidores de sustancias psicoactivas
  • Hijos de hogares uniparentales o con familias “disfuncionales”
  • Habitantes de barrios periféricos, marginales
  • Deserción escolar
  • Pobreza

Reclutamiento de niñas, niños y adolescentes por los grupos armados organizados al margen de la ley

Reclutamiento de niñas, niños y adolescentes por los grupos armados organizados al margen de la ley

La Unidad para Las Víctimas, define el reclutamiento como la vinculación permanente o transitoria de niños, niñas y adolescentes a grupos organizados al margen de la ley, que se lleva a cabo por la fuerza, engaño o debido a condiciones personales o del contexto que la favorecen, tales como situaciones de maltrato, abuso sexual, carencia de oportunidades, pobreza extrema, deseos de venganza, enamoramiento de la guerra, las armas, el dinero fácil entre otros (UARIV, 2015, p.1).

Existen diversas modalidades de reclutamiento tales como:

  • Empleo de la fuerza o la violencia.
  • Amenazas directas a la vida e integridad del NNA o a su familia (madre, padre, etc.).
  • Seducción o engaño, dentro de las que encontramos las siguientes: – Promesas de empleo (la más comúnmente identificada en zonas rurales refiere a trabajos en fincas, actividades de cultivo, cuida do de casas o de ganado).
  • Desarrollo de actividades deportivas o recreativas: por ejemplo, aparentes escuelas de fútbol o clubes juveniles.
  • Por medio de otros u otras adolescentes, también víctimas de reclutamiento y utilización, que tienen la misión de seducir o convencer a adolescentes para incorporarse al grupo o realizar 22 labores específicas.

Factores de riesgo

Factores de Riesgo Individuales

Necesidad de protección y/o reconocimiento: cuando el entorno familiar no ofrece cuidado alguno o por el contrario, genera violencia.

Desconocimiento, ignorancia o falta de información, que conlleva a que el NNA asuma como normales y legales ciertos actos de violencia en contra suya.

Presencia de imaginarios soportados en la búsqueda de poder y riqueza a través del uso de las armas o el desarrollo de actividades ilegales.

Expulsión temprana del hogar – Violencia sexual intrafamiliar.

Factores de riesgo Familiares

Antecedentes de violencia intrafamiliar.

Antecedentes de violencia sexual.

Trabajo Infantil.

Pertenencia de algún miembro de la familia a un grupo armado ilegal.

Factores de riesgo sociales

Ausencia de redes u organizaciones de protección institucional o comunitaria.

Ausencia de redes de apoyo productivo para necesidades básicas insatisfechas y ausencia o falta de cobertura de servicios públicos esenciales.

Factores de riesgo asociados al conflicto directamente

Presencia de actores armados ilegales (pueden o no tener control territorial de la zona).

Desarrollo de actividades económicas ilícitas (cultivos ilícitos, minería ilegal o artesanal, contrabando, etc.).

Desplazamiento forzado

Ciberdelitos o delitos informáticos

Ciberdelitos o delitos informáticos

A partir de la Ley 1273 de 2009, se tipificaron los delitos informáticos en Colombia en los siguientes términos: acceso abusivo a un sistema informático (modificado del Código Penal); obstaculización ilegítima del sistema informático o red de telecomunicación; interceptación de datos informáticos; daño informático; uso de software malicioso; hurto por medios informáticos y semejantes; violación de datos personales; suplantación de sitios web para capturar datos personales y transferencia no consentida de activos.

Grooming: cuando un adulto realiza ciertas acciones en línea para ganarse la confianza y establecer un vínculo emocional con un menor de edad, para luego abusar sexualmente de él.

Ciberacoso: cualquier agresión psicológica que se realiza mediante teléfonos celulares o internet para herir o intimidar a un individuo o entidad. Según la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Fundación Telefónica, el 55% de los jóvenes latinoamericanos ha sido víctima de ciberacoso.

Fraude electrónico: también conocido como phishing, es un delito cibernético en que, por medio de correos electrónicos, mensajes de texto o advertencias en redes sociales, criminales buscan que las personas visiten páginas web falsas de entidades bancarias o comerciales. Allí se les solicita verificar o actualizar datos con el fin de robarles información confidencial como nombres de usuario y claves.

Material de abuso sexual infantil: son todas las representaciones textuales, visuales o gráficas que de manera real o simulada involucran a menores de edad con actividades sexuales. En el Ministerio de Tecnologías de la información y las Comunicaciones, el programa en TIC Confío promueve la cero tolerancia con el material de abuso sexual infantil y promueve la denuncia de este delito en Colombia.

La Policía Nacional ha dispuesto un CAI VIRTUAL, para denunciar cualquier tipo de acoso o conducta anormal con perfil delictivo en tiempo real por cualquier usuario, ingresando a la aplicación web PROTECTIO que corresponde a “una herramienta que busca mejorar las condiciones de ciberseguridad de los niños, niñas y adolescentes; esta iniciativa de la Policía Nacional se puede descargar como una aplicación de forma gratuita desde el portal www.ccp.gov.co”.

Factores de riesgo

  • Las creencias ilusorias, comportamientos ingenuos e inmaduros, que los jóvenes y la población juvenil adoptan como tendencias sociales.
  • La idea falsa según la cual a mayor número de amigos que se tengan en las redes sociales más aumenta el círculo social real (Stefano Rodotá, 2011).
  • La generación indiscriminada de vínculos afectivos sustentados en la mera comunicación virtual
  • Las carencias afectivas que enfrentan los NNA, la cuales los hace vulnerables ante los manipuladores. Para acceder al menor,  se encargan de brindarles la atención y el aparente cariño que no obtienen en otros lugares más adecuados.

Estrategias para la prevención de violencias contra niñas, niños y adolescentes

Según el programa #ENDviolence promovido a nivel mundial por UNICEF, existen seis estrategias universales para fortalecer los sistemas de protección de la infancia que involucran a los diversos actores sociales y responden a factores que perpetúan la violencia, fomentando cambios sociales positivos:

Dar apoyo a los padres y madres, los cuidadores y a sus familias. Cuando las familias y los cuidadores reciben educación acerca del desarrollo de los niños en la primera infancia, aumentan las probabilidades de que ellos empleen métodos de disciplina positivos. De esa manera se reduce el riesgo de violencia en el ámbito del hogar.

Ayudar a los niños y adolescentes a hacer frente a los riesgos y desafíos. Para reducir la violencia en las escuelas y las comunidades resulta fundamental dar a los niños y adolescentes los conocimientos y aptitudes necesarios para hacer frente y resolver las situaciones de riesgo y los desafíos sin apelar a la violencia, así como a buscar el apoyo requerido cuando se susciten situaciones de violencia.

Modificar las actitudes y normas sociales que fomentan la violencia y la discriminación. La manera más segura de evitar la violencia antes de que ésta se desencadene, consiste en modificar las actitudes y normas sociales que esconden la violencia oculta a plena vista.

Promover y prestar apoyo a los servicios para los niños. Si se alienta a los niños a que busquen apoyo profesional adecuado cuando se susciten incidentes de violencia, y a que denuncian los mismos, se les ayuda a hacer frente y a resolver mejor sus experiencias con la violencia.

Aplicar leyes y políticas que protejan a los niños. La imposición y aplicación de las leyes y políticas de protección de los niños constituyen un claro mensaje a la sociedad en general de que la violencia no es aceptable y será castigada.

Prevención en el ámbito doméstico

Al involucrar desde el principio a los padres y otras personas que cuidan niños por medio de programas de crianza individual y programas de padres e hijos, así como brindando educación sobre las prácticas adecuadas de crianza de los niños y el desarrollo en la primera infancia, se reduce de manera significativa la incidencia del abuso físico de los niños (aunque no necesariamente del abuso sexual) y los comportamientos agresivos por parte de los niños a medida que se acercan a la adolescencia (UNICEF, 2014).

Por lo anterior son esenciales programas orientados a la educación de los padres y personas que cuidan a los niños en materias como:

Desarrollo infantil y crianza saludable

Fomento de relaciones positivas entre padres e hijos – fomento de la comunicación

Empleo de métodos de disciplina no violentos

Prevención del abuso infantil

Sexualidad, prevención de las ETS, la violencia y el abuso sexual

Supervisión del uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones (redes sociales)

Los programas en la escuela deben estar orientados a brindar a los jóvenes conocimientos sobre los riesgos de violencia,aptitudes prácticas necesarias para hacer frente a los desafíos que presenta la violencia, capacidad de pensamiento crítico y autoestima para establecer una comunicación eficaz; resolución de conflictos de manera colectiva y sin el uso de la violencia o comportamientos perjudiciales.

Así mismo son estrategias en la escuela las siguientes:

Generar ambientes de confianza, abiertos a la discusión y al consenso.

Generar autodeterminación en los/as estudiantes, lo que implica la capacidad para diseñar y llevar a cabo un proyecto integral de vida.

Generar espacios de disciplina y orden acordando las pautas de comportamiento y las conductas aceptables.

Tener en cuenta las necesidades e intereses diferentes de acuerdo a su sexo, edad, género, orientación sexual, etnia, condiciones socioeconómicas, territorio, discapacidad, etc.

Promover en los/as estudiantes reflexiones para la búsqueda de su identidad, la satisfacción de sus expectativas y prepararlos/las para fortalecer sus proyectos de vida. Promover el derecho a la libertad de expresión.

Reconocer las particularidades, múltiples lenguajes y formas de expresión de los/as estudiantes, haciéndolos válidos y legítimos.

Motivar la participación e incidencia de los/as estudiantes, en espacios como el Comité de Convivencia Escolar, el gobierno estudiantil, las mesas de trabajo de los proyectos pedagógicos y otros propios de cada institución.

Fortalecer y organizar espacios de integración como grupos de deportes, cultura, teatro, música, foros de discusión académica, por medio de los cuales puedan integrarse y expresar sus ideas, opiniones y potencialidades.

Definir el Acoso Escolar, describir posibles situaciones y proponer estrategias de prevención y abordaje (Defensoría del Pueblo, OIM, 2015).

Prevención en la escuela

Estrategias de prevención institucional

Las estrategias desarrolladas por entidades del Estado, como mecanismos que materializan las políticas públicas, deben tener entre sus objetivos principales:

Modificar comportamientos culturales y sociales profundamente arraigados, en especial la idea de que ciertas formas de violencia no sólo son normales sino, en algunos casos, tolerables y justificadas.

Contar con personal calificado ante el cual los niños puedan denunciar episodios de violencia.

Poner en marcha mecanismos que faciliten denunciar las incidencias de violencia y obtener ayuda, apoyo y atención. Estos mecanismos deben ser seguros, confidenciales, accesibles y deben tener en cuenta las necesidades diferenciadas de NNA.

Generar apoyo social y de medios de comunicación.

Difundir al público la existencia y disponibilidad de estos servicios, lo que se puede lograr mediante campañas de promoción y divulgación en los medios de comunicación, apoyándose también en instituciones deportivas y de educación y programas de actividades extraescolares.

¿Dónde denunciar?

  1. Salas de Recepción de Denuncia:
  • Unidades de Reacción Inmediata (URI)
  • Salas de Atención al Usuario (SAU)
  • Casas de Justicia (CJ)
  • Centros de Atención e Investigación Integral a las Víctimas de Delitos Sexuales (CAIVAS)
  • Centros de Atención e Investigación Integral contra la Violencia Intrafamiliar (CAVIF)
  • Centro de Atención Penal Integral a Víctimas (CAPIV)

 

En el Centro de Contacto usted puede:

  • Denunciar: Material con contenido de explotación sexual.
  • Activar: Mecanismo de Búsqueda Urgente.
  • Reportar: Violencia Sexual en menores y Trata de Personas.

La Fiscalía cuenta con diversos mecanismos de denuncia:

  • Desde un teléfono móvil – Línea 122
  • Línea nacional de atención – 018000919748
  • A Denunciar: Herramienta tecnológica desarrollada de manera conjunta entre la Policía Nacional de Colombia y la Fiscalía General de la Nación, que permite a la ciudadanía poner en conocimiento de las autoridades la presunta ocurrencia de una conducta punible, desde un computador o dispositivo móvil con acceso a Internet.
  • CAF – Centros de Atención de la Fiscalía General de la Nación.

 

IMPORTANTE SABER: La Fiscalía General de la Nación cuenta con el Atlas de cobertura a nivel nacional con que el ciudadano puede ubicar  los Centros de Atención:  http://web.fiscalia.col/fiscalnet/directorio/

Si usted es víctima de alguno de los delitos mencionados, o conoce algún niño, niña o adolescente  que haya sido víctima, por favor lea la siguiente información:

Desde un enfoque de atención integral, los sectores, salud, justicia, educación y protección deben velar por la atención y el restablecimiento de derechos de los NNA vulnerados.

SECTOR SALUD DEBE:

Gestionar ante el Sistema de salud o verificar que la familia lo haya hecho, la valoración y atención especializada por causa de la violencia a los niños niñas y adolescentes en salud física y mental acordes con el tipo de lesiones, tiempo(s) de las mismas, gravedad y consecuencias a la salud física y mental.

Gestionar el cumplimiento de citas médicas para la recuperación/rehabilitación de su salud física y mental por causa de la violencia, entre las que se incluye citas con especialistas, tales como: psiquiatría, neuropediatría, psicología, neuropsicología, terapia ocupacional, psicología entre otros.

Identificar en los diagnósticos y valoraciones iniciales la necesidad de atención a la familia en salud mental, generados por causa de los hechos de violencia, trastornos emocionales, consumo de sustancias psicoactivas, entre otros.

SECTOR JUSTICIA DEBE:

Apoyar, preparar y acompañar al niño, niña, adolescente y la familia para las actuaciones requeridas en el proceso penal, establecido como consecuencia de los hechos de violencia.

SECTOR EDUCACIÓN DEBE:

Gestionar valoración pedagógica ante las instituciones educativas, con el fin de identificar posibles dificultades escolares y gestionar apoyos que incidan en la inclusión, desempeño y éxito escolar de los niños, niñas y adolescentes.

SECTOR PROTECCIÓN:

Identificar si en la dinámica familiar se presenta violencia de género, contra algún miembro de la familia, con el fin de activar la ruta de atención y brindar protección a la víctima mayor de edad/cuidadora.

Identificar redes o servicios sociales y comunitarios de apoyo a los Niños, Niñas y Adolescentes víctimas de violencia y a sus familias, por ejemplo, de cuidado después de la jornada educativa, vinculación a servicios de deporte, cultura, recreación, ludotecas, programas de prevención de la violencia, Escuelas de Familia, entre otros.

Por otro lado, El Instituto colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), autoridad en el ámbito de protección de las niñas, los niños y los adolescentes (NNA) en Colombia, establece unos niveles de atención para el restablecimiento de derechos a partir de un enfoque sistémico, en el cual,  se busca generar entornos de protección teniendo en cuenta a los NNA como derechohabientes.

A continuación se presentan los niveles de atención establecidos:

Nivel Descripción
Individual En este nivel se busca el fortalecimiento de capacidades y potencialidades de los NNA  desde lo cognitivo, lo ético, lo afectivo y lo lúdico.
Familiar La familia o las redes de apoyo más cercanas a los NNA son clave para el proceso de atención. De conformidad con lo establecido en el artículo 39 de la Ley 1098 de 2006, “la familia tendrá la obligación de promover la igualdad de derechos, el afecto, la solidaridad y el respeto recíproco entre todos sus integrantes”.

La familia es corresponsable en la garantía de los derechos, la prevención de su amenaza y en el restablecimiento de los mismos, cuando estos han sido vulnerados. En los pueblos indígenas y demás pueblos étnicos, las obligaciones de la familia y de la comunidad se establecerán de acuerdo con sus tradiciones y culturas, siempre que no sean contrarias a la Constitución política, la ley y a los instrumentos internacionales de Derechos Humanos.

Comunitario El fortalecimiento del componente comunitario permite la generación de entornos protectores para los niños, niñas y adolescentes, a partir del trabajo en red y el conocimiento de las rutas de protección, al tiempo que minimiza los riesgos a los que están expuestos los niños, niñas y adolescentes por causa de la exclusión social, el conflicto armado y otras formas de violencia.
Social De acuerdo con el Código de la Infancia y la Adolescencia, la corresponsabilidad se refiere a “la concurrencia de actores y acciones conducentes a garantizar el ejercicio de los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes. La familia, la sociedad y el Estado son corresponsables en su atención, cuidado y protección. La corresponsabilidad y la concurrencia aplican en la relación que se establece entre todos los sectores e instituciones del Estado”