Las irregularidades investigadas estarían relacionadas con la contratación de un megacolegio en el barrio Olaya Herrera de Cartagena.
Labores investigativas adelantadas por un fiscal de la Unidad de Administración Pública y el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Seccional Bolívar, pusieron al descubierto una serie de irregularidades, aparentemente cometidas durante la suscripción de un contrato para la construcción de un megacolegio en el barrio Olaya Herrera de Cartagena.
Según se logró determinar, el contrato fue firmado por el exalcalde de Cartagena Manuel Vicente Duque Vásquez, durante los años 2016 – 2017, quien está siendo procesado como posible responsable del delito de contrato sin el cumplimiento de requisitos legales. El mismo cargo les fue imputado a los exsecretarios de Infraestructura Distrital, Wilson Leopoldo Herrera Díaz (2016) y José Santiago Carrasquilla Sotomayor (2017).
Labores de policía judicial evidenciaron que el contrato fue firmado omitiendo la realización de estudios previos y de planeación. Tampoco se identificaron linderos, medidas, matrícula del terreno y se evidenció que el mismo no era del Distrito.
Igualmente, se constató que la obra debió ser realizada en un lugar distinto al contratado, lo cual habría generado detrimento a las finanzas públicas cerca a los 8.000 millones de pesos, debido a que las mismas fueron ejecutadas en un lugar distinto al inicialmente pactado.
Para la Fiscalía, ambos exsecretarios debieron advertir las posibles anomalías, y que el lote dispuesto para la realización de la obra no contaba con las condiciones técnicas requeridas. Esta información se publica por razones de interés general.
La Fiscalía habla con resultados.
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MEVA/MAGA/ICHS/DSB
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
