La Fiscalía imputó, por el delito de concusión, a Juan Carlos Ramírez Montoya, quien fungió como personero municipal de Gigante (Huila) en 2009. El hoy investigado no aceptó su responsabilidad en los hechos.   

Ramírez Montoya, en calidad de personero, durante el segundo semestre de 2009, al parecer, le solicitó a un hombre que participaba en una reunión de víctimas de desplazamiento forzado $1.500.000 a cambio de, presuntamente, intervenir en un trámite que lograría que el afectado y su grupo familiar se inscribieran en el Registro Único de Población Desplazada.   

La víctima le habría entregado ese dinero al entonces personero de Gigante en junio de 2009, en el parque central de la población,  frente a las instalaciones de la Personería.  

Sin embargo, la Agencia Presidencial para la Acción Social, al parecer no vinculó en los registros de población desplazada  a la víctima ni a su familia, por lo que el afectado interpuso una acción de tutela contra la entidad a pesar de la negativa del expersonero de ejercer esta acción.   

Así el juez competente resolvió la acción de tutela a favor del afectado, pero Ramírez Montoya impugnó esa decisión que luego fue revocada por otro juez el 26 de julio de 2010.  

Cabe resaltar que frente a este hecho, la víctima habría acudido a la oficina del hoy imputado para  reclamarle que le devolviera el dinero que era de su pertenencia. 

 

La Fiscalía publica esta información por razones de interés general.    

 

 

La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.              

      

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