Una fiscal delegada ante el Gaula en la Seccional Bolívar judicializó a cinco presuntos integrantes del grupo delincuencial Orión, responsable del delito de extorsión agravada.

Se trata de Jair Antonio Cárdenas Martínez, Nayely Patricia Loango Córdoba, alias Naye, Luis Hernando Cifuentes González, Estefany Esther Ramírez Segura, alias Estefy, y Jonathan Javier Anacona Bolaños. El último fue el único de los procesados que aceptó su responsabilidad en cuanto al delito imputado.

Según la investigación, los procesados vendrían extorsionando comerciantes, ganaderos, agricultores, transportadores y habitantes en municipios de El Carmen de Bolívar, San Juan de Nepomuceno, Zambrano y El Guamo (Bolívar).

La Fiscalía determinó que desde una cárcel en el centro del país eran realizadas llamadas con las que se intimidaban a las víctimas con asesinarlos, en caso de no cumplir con los pagos.

También contratarían falsos servicios en zonas rurales y una vez la persona llegaba al lugar acordado, le era exigido el pago de sumas de dinero para permitirle salir de la zona. Si la víctima no tenía la suma, sus familiares eran contactados para que hicieran los depósitos a cambio de liberarlos.

Los recaudos por estas acciones ilegales, ascendían aproximadamente a los 200 millones de pesos mensuales.

Los investigados fueron capturados el pasado 1 de noviembre por el Gaula de la Policía Nacional en Cali (Valle del Cauca), Barranquilla (Atlántico), Valledupar (Cesar) y Puerto Boyacá (Boyacá).

Alias Estefy cumplirá la medida de aseguramiento en centro carcelario en Valledupar. Los demás lo harán en lugares de domicilios en Barranquilla, Puerto Boyacá, Cali y Valledupar.

 

 

 

 

 

MEVA/MAGA/YC/EGM/DSB

 

 

 

 

 

La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.