De manera paralela fueron capturados varios de sus presuntos integrantes y ocupados con fines de extinción de derecho de dominio varios bienes en Medellín (Antioquia).

 

La Fiscalía General de la Nación, en un trabajo articulado de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio, la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales y la Seccional Medellín; y con el apoyo del CTI, la Policía Nacional y el Ejército Nacional, golpeó estructuralmente a los grupos delincuenciales ‘La Unión’ y ‘Sancocho’, que delinquen en el barrio Antioquia de Medellín.

Inicialmente, cinco presuntos integrantes de ‘La Unión’ fueron capturados y judicializados por delitos como concierto para delinquir agravado con fines de narcotráfico, y tráfico, fabricación y porte de estupefacientes, entre otros. Todos los procesados recibieron medidas privativas de la libertad en establecimiento carcelario.

De igual manera, fueron detenidas 21 personas que harían parte de la banda delictiva ‘Sancocho’, quienes estarían involucradas en la venta de estupefacientes al menudeo.

De manera paralela, se afectaron con medidas cautelares de suspensión del poder dispositivo, embargo y secuestro 76 bienes (39 vehículos, 12 inmuebles urbanos, 5 establecimientos de comercio y el dinero depositado en 20 cuentas bancarias) que habrían sido adquiridos con los recursos producto de las actividades ilegales de las dos organizaciones impactadas.

Las propiedades, avaluadas preliminarmente en 2.500 millones de pesos, fueron entregadas a la Sociedad de Activos Especiales (SAE) para su administración.

MAGA/JARG/MGA/DEEDD/MRC.

La Fiscalía habla con resultados.

 

La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.