Durante dos semanas de trabajo de campo se atendieron más de 290 personas y se realizaron diligencias tanto de exhumación como de entrega de bienes.

Entre los cuerpos recuperados estaría el que indiciariamente corresponde al del secretario de gobierno y alcalde encargado del municipio de Riosucio (Chocó) para el año 1996.  

El municipio de Unguía (Chocó) fue el escenario de la jornada integral de intervención que realizó la Fiscalía General de la Nación, a través de la Dirección de Justicia Transicional, en la cual fueron atendidas, bajo el enfoque diferencial étnico, más de 290 víctimas del conflicto armado en Colombia.  

Parte del objetivo de esta actividad se concentró en atender a las personas afectadas por los combates presentados entre las extintas Autodefensas del Bloque Elmer Cárdenas y las Farc durante los años 1996, 1997, 2002 y 2003, en la zona rural de los municipios de Acandí y Unguía, ubicados al norte del departamento de Chocó; así como a las víctimas de la incursión paramilitar del citado bloque en territorio panameño entre el 18 y el 24 de enero de 2003. 

A la jornada de atención asistieron más de 290 víctimas del conflicto armado, entre ellas, miembros de las comunidades indígenas Emberá y Cuna Tule.

 

En desarrollo de la diligencia que se llevó a cabo en la alcaldía municipal, se brindó apoyo psicosocial a las víctimas del conflicto armado pertenecientes a las comunidades indígenas Emberá y Cuna Tule. Allí, se realizaron 212 entrevistas relacionadas con los delitos de homicidio, desaparición forzada, desplazamiento forzado, violencia basada en género, entre otros.  

Asimismo, 81 personas más suministraron información sobre casos ya registrados en el marco de la Ley de Justicia y Paz, e igualmente de procesos que son documentados por diferentes dependencias de la Fiscalía General de la Nación.  

Simultáneamente, el Grupo de búsqueda, identificación y entrega de personas desaparecidas (Grube) exhumó los cuerpos de 4 víctimas del conflicto armado. Entre los restos óseos recuperados en el corregimiento de Santa María la Nueva del Darién, están los que presuntamente corresponden al secretario de gobierno y alcalde encargado del municipio de Riosucio (Chocó) para el año 1996. A la fecha se adelantan los análisis respectivos para lograr su plena identificación. 

Las víctimas restantes fueron exhumadas en el Cementerio Municipal del casco urbano de Unguía. Frente a estas últimas se realizó toma de muestras a los familiares con el fin de obtener igualmente su plena identificación, y continuar el proceso de entrega a las familias para dignificar y honrar su memoria. 

De otro lado, el Grupo de Persecución de Bienes de la Dirección de Justicia Transicional entregó al Fondo para la Reparación a las Víctimas la hacienda El Descanso, ubicada en Unguía, vinculada con la extinta estructura paramilitar del Bloque Elmer Cárdenas, al mando de Fredy Rendón Herrera, avaluada en $1.900 millones. 

Además, adelantó de manera conjunta con esa entidad diligencias de verificación y alistamiento, con fines de solicitud de medida cautelar ante Magistrados de Justica y Paz, respecto de 4 bienes avaluados en más de $18.000 millones, igualmente vinculados con el citado grupo armado.  

Finalmente, por solicitud del ente acusador, la Sala de Control de Garantías de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá decretó medidas cautelares sobre 2 predios en esa población chocoana, vinculados a la misma estructura paramilitar, avaluados en más de $5.700 millones. 

Predio hacienda El Descanso, avaluado en 1.900 millones de pesos.

La Fiscalía General de la Nación habla con resultados. 

PAM/DLBM/JSSR/MRC 

La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.