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Fiscalía ocupó con fines de extinción de dominio 14 bienes de Gustavo Adolfo Vega Archibold

Las diligencias se realizaron de manera simultánea en Buenaventura, Dagua y Cali (Valle del Cauca), y en Medellín (Antioquia). 

La Fiscalía General de la Nación, a través de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio, ocupó 11 predios urbanos y 3 rurales, avaluados en 5.000 millones de pesos, que habrían sido adquiridos por el extraditado Gustavo Adolfo Vega Archibold.

En la imagen se aprecia a dos integrantes del CTI quienes custodian un propiedad afectada con medidas cautelares de extinción del derecho de dominio.
La Fiscalía General de la Nación, a través de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio, ocupó 11 predios urbanos y 3 rurales, avaluados en 5.000 millones de pesos, que habrían sido adquiridos por el extraditado Gustavo Adolfo Vega Archibold.

Los elementos de prueba indican que este hombre, al parecer, obtuvo los bienes entre 2006 y 2013, con dineros de origen ilícito. En ese sentido, los activos fueron afectados con medidas cautelares de suspensión del poder dispositivo, embargo, secuestro y toma de posesión.

Las diligencias de ocupación fueron realizadas por investigadores del CTI de la Fiscalía en Buenaventura, Dagua y Cali (Valle del Cauca); y en Medellín (Antioquia).

Vega Archibold fue capturado en 2014, en Panamá. Posteriormente, fue extraditado a Estados Unidos donde era requerido por delitos federales relacionados con el tráfico de drogas.

La Sociedad de Activos Especiales (SAE) será la encargada de su administración.

La Fiscalía habla con resultados. 

 

 

 

 

MAGA/JARG/PSY/LPDS/MRC.

 

 

 

La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.

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