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Fiscalía obtiene medidas cautelares sobre finca Las Américas relacionada con el bloque norte de las extintas AUC

El predio está ubicado en Cesar y su avalúo comercial asciende a 26.200 millones de pesos. 

Por solicitud de un Fiscal del Grupo de Persecución de Bienes de la Dirección de Justicia Transicional, la Sala de Control de Garantías de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Barranquilla (Atlántico) impuso medidas cautelares sobre un predio rural relacionado con el denominado frente de ‘Resistencia Motilona’, del extinto Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). 

Se trata de la ‘Finca Las Américas’, ubicada en la vereda Perete del corregimiento Mandinguilla, en Chimichagua (Cesar), la cual está avaluada comercialmente en aproximadamente 26.200 millones de pesos. 

Imágenes del predio ´Las Américas´ ubicada en la vereda Perete del corregimiento Mandinguilla, en Chimichagua (Cesar)

En la actualidad el predio es utilizado para la agricultura y ganadería controlada, además cuenta con varios cuerpos de agua de alta importancia natural. Este inmueble fue denunciado por un postulado a la Ley de Justicia y Paz, del Frente Resistencia Motilona del Bloque Norte, quien manifestó que el predio estaba relacionado con Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40, Jaime Blanco Maya y Hugues Rodríguez Fuentes, condenados por su relación con las AUC. 

El bien afectado con medidas cautelares de embargo, secuestro y suspensión del poder dispositivo será entregado próximamente por parte de la Fiscalía al Fondo para la Reparación a las Víctimas para su respectiva administración. 

Esta información se publica por razones de interés general. 

La Fiscalía habla con resultados. 

 

 

 

LMFO/JARG/SSR/DJT/MRC/ 

 

 

 

La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.

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