El procesado habría pedido que dicha suma fuera entregada en dos contados y pactado un adelanto de 50 millones de pesos, suma que tenía en su poder al momento de la captura.
Servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación, con apoyo del Gaula Militar, capturaron en Bucaramanga (Santander), al juez especializado de extinción del derecho de dominio de Cúcuta (Norte de Santander), Juan Carlos Campo Fernández, presuntamente implicado en actos de corrupción.
La investigación evidenció que el procesado, al parecer, sostuvo varias conversaciones telefónicas, y al menos dos reuniones presenciales con un abogado, y una con un ciudadano contra quien se adelanta un proceso de extinción del derecho de dominio.
El funcionario judicial habría solicitado al profesional del derecho y al propietario de los bienes afectados con medidas cautelares, la entrega de 600 millones de pesos para emitir una sentencia que ordenara el levantamiento de dichas acciones.
El material probatorio da cuenta que, al parecer, se había pactado el pago del 50 por ciento de la cantidad exigida al radicar la mencionada petición, y el saldo al emitir el fallo que los favorecería. Además, se debía pagar un adelanto de 50 millones de pesos. Justamente ese último monto de dinero coincide con la cantidad que tenía en su poder el juez al momento de su captura.
Campo Fernández habría afirmado que, para poder emitir el fallo en favor del propietario de los predios en cuestión, necesitaba que el abogado radicara una nueva solicitud de control de legalidad sobre dichos activos.
Por estos hechos, una fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción imputó a Juan Carlos Campo Fernández el delito de concusión, cargo que fue rechazado por el procesado quien permanecerá privado de la libertad en su lugar de residencia.
Esta información se publica por razones de interés general.
LAGP/MAGA/MRC/EAC/DECC.
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
