La víctima fue invitada a una fiesta de cumpleaños y antes de llegar hombres armados lo retuvieron, golpearon y asesinaron. El cuerpo fue abandonado a orillas del río Cabí.
Un juez de control de garantías de Quibdó (Chocó) impuso medida de aseguramiento en centro carcelario contra José Leocadio Palacios Hinestroza, presunto integrante del Clan del Golfo. La decisión obedece a la presunta participación del procesado en el homicidio de un hombre de 22 años, en hechos ocurridos el pasado 13 de enero en el barrio Cabí de la capital chocoana.
Según la investigación, el día del crimen la víctima, en compañía de un menor de edad, llegó al barrio Cascorba para asistir a una fiesta de cumpleaños. Poco antes de arribar al sitio las dos personas fueron retenidas por hombres armados que los llevaron a un lugar despoblado.
El menor fue golpeado y tras dispararle en la cabeza lo arrojaron a un afluente donde fingió su muerte, logrando salvar su vida. Actos similares fueron cometidos contra el hombre de 22 años cuyo cuerpo fue encontrado dos días después del crimen en la ribera del río Cabí con las manos atadas, múltiples golpes y un disparo de gracia.
Labores de investigación del CTI permitieron identificar a Palacios Hinestroza como uno de los presuntos partícipes del homicidio, por lo que fue capturado por la Policía Nacional en el barrio Samper de Quibdó.
La Fiscalía le imputó los delitos de homicidio agravado y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, cargos que no aceptó. Por estos hechos fue judicializado en febrero pasado Juan Carlos Parra Cuesta, quien actualmente está privado de la libertad en establecimiento carcelario.
JLH/LMFO/MAGA/MMO
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
