Las jóvenes salieron de sus viviendas en Tierralta (Córdoba) para supuestamente trabajar en un restaurante, pero fueron obligadas a ejercer actividades sexuales en el bajo Cauca antioqueño.
La Fiscalía General de la Nación demostró en juicio que José Iván Murillo Palacios engañó a tres adolescentes con falsas ofertas laborales, con el propósito de explotarlas sexualmente en un establecimiento nocturno de Zaragoza (Antioquia).
En ese sentido, un juez penal de conocimiento lo condenó a 13 años de prisión por el delito de trata de personas; y ordenó su captura inmediata para que cumpla la pena en centro carcelario. Adicionalmente, le impuso una multa equivalente a 800 salarios mínimos legales mensuales vigentes.
Las pruebas obtenidas por un fiscal de la Dirección Especializada contras las Violaciones a los Derechos Humanos evidenciaron que Murillo Palacios contactó a las menores de edad y, con la promesa de un supuesto trabajo en un restaurante de El Bagre (Antioquia), las indujo a salir de sus lugares de residencia en Tierralta (Córdoba), en octubre de 2012.
Tan pronto llegaron las jóvenes al inmueble indicado, fueron trasladadas a un caserío en el municipio de Zaragoza, alojadas en una casa de lenocinio y obligadas a sostener relaciones sexuales con hombres mayores. El hoy sentenciado, quien fungía como administrador del lugar, cobraba diferentes sumas de dinero por los vejámenes a los que eran sometidas las víctimas.
Esta información se publica por razones de interés general.
La Fiscalía habla con resultados.
JMSV/JARG/HT/DECVDH/MRC
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
